México, 16 de marzo de 2021.- Representantes de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y de empresas de telefonía celular se pronunciaron en contra de la propuesta de Morena de crear un padrón de usuarios de telefonía móvil con registros biométricos para reducir los delitos de extorsión y secuestro, pues en sus términos viola la privacidad de datos personales y aumentará la comisión de otros delitos.
Sin embargo, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pidió al Senado darle su aval a esta minuta para ponerle freno a la operación criminal con el uso de sistemas de prepago que no tienen control.
El funcionario recordó que es el sistema de prepago al que recurren los delincuentes para cometer sus fechorías, porque así pueden operar en el total anonimato.
“Y en ese sentido para nosotros si es fundamental que se pueda aprobar la minuta en sus términos. (…) Qué buscamos, que al igual que los sistemas de pago fijo pues también que haya un control, que también haya un registro, que también sepamos quién es la persona que está atrás de ese número. (…) Consideramos que es fundamental poner un freno a la operación criminal a través de estos sistema de telefonía que no tienen ningún control”.
Ignacio Hernández Orduña titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la SSC, afirmó que la minuta no viola la presunción de inocencia del titular de la línea telefónica, ni tampoco se quebranta la privacidad de los datos personales.
En reunión de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos de la Cámara Alta, para analizar la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ana de Saracho, representante de la Canieti, afirmó que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no reducirá el delito de extorsión y los usuarios están en contra de proporcionar sus datos biométricos.
Aseguró que la propuesta tal cual incentivará que los delincuentes utilicen las líneas de alguien más, precisamente, para quitar la marca de que son precisamente ellos los que están cometiendo los delitos.
“No está comprobado que establecer un padrón o registro de usuarios reduzca el delito de extorsión. (…) Es que se pueden generar otros delitos, podemos ver aumento en otros delitos y, específicamente donde nosotros los vemos es en la posibilidad de tener un mayor delito de robo de celulares, de suplantación de identidad y en secuestro exprés. (…) Que ellos dicen que se negarán a entregar esta documentación personal, en tanto pone en riesgo su privacidad y que estos datos personales estén en otros lugares”.
El representante de América Móvil, Daniel Bernal Salazar, declaró que los concesionarios ven con preocupación este proyecto.
“Vemos con preocupación la implementación del proyecto en los términos que están en revisión de este importante organismo y en ese sentido es que nos atrevemos simplemente a manifestar un poco una alternativa y que vemos con el mayor interés y que creemos que desde el punto de vista técnico, operativo y jurídico podría tener enormes beneficios para la ciudadanía y dar mejores herramientas para las autoridades de seguridad”.
Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), declaró que la iniciativa tiene visos de inconstitucionalidad, porque posee elementos excluyentes, al poner en riesgo el dinamismo y la contratación para acceder a medios de comunicación y la adopción de un esquema “complejo” y con requisitos de difícil cumplimiento para un sector de la población.
Argumento que respaldó Sostenés Díaz, comisionado del Ifetel, quien resaltó los inconvenientes de confeccionar un padrón con datos biométricos y el alto costo que tendría para el instituto administrarlo.
“Es extremadamente costosa su implementación, es decir, tiene que haber una integración de toda la capilaridad de comercialización de equipos de telefonía móvil en todo el país por parte de todos los concesionarios y por parte de todas las modalidades contratación como operadores móviles virtuales, lo cual es costoso. También es costoso por parte del instituto administrar esta base de datos”.
La también representante de la Canieti, Mónica Guadalupe Chávez, aseveró que esta minuta no es la solución en un corto plazo, para dar resultados efectivos y afirmó que la iniciativa viola la privacidad de datos personales.
Los senadores del PAN y del PRD, Xóchitl Gálvez y Miguel Ángel Mancera, cuestionaron los alcances de la reforma.
Incluso, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, anticipó que la iniciativa podría ser inconstitucional.
“A mi me preocupa que quienes serían los encargados de operar este padrón, nos están hablando de muchos inconvenientes. (…) ¿Es una iniciativa económicamente viable para su operación? ¿El IFT está preparado? (…) ¿Constitucionalmente no hay un impedimento que al rato nos vaya a llevar a diferentes acciones y a estar en los tribunales litigando si es que contaban o no con esta facultad?”.
Los representantes de la Canieti recordaron que en la actualidad hay 126 millones de líneas en el país, de las cuales 70.1 por ciento son usuarios de Internet.
Señalaron que el 87.5 por ciento de loas accesos a Internet se hace vía celular.
Destacaron que la industria de las telecomunicaciones representa el 3 por ciento del Producto Interno Bruto y da empleo a más de 265 mil personas directamente.
