México, 17 de marzo de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado para su aprobación la iniciativa de proyecto que expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que establecen un esquema sancionatorio para castigar el nepotismo, actualizan la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual y prevén la inhabilitación hasta por 20 años por la comisión de faltas graves.
Estas leyes prevén la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución del éstos, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas en caso de la comisión de faltas graves.
En el caso de la comisión de faltas administrativas no graves, las sanciones consistirán en: amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
También se impone un esquema de sanciones para personas físicas y morales, que van desde la sanción económica, inhabilitación hasta por 8 años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, indemnización por los daños o perjuicios ocasionados al patrimonio del Poder Judicial de la Federación o a la hacienda pública federal, suspensión de actividades hasta por 3 años, hasta la disolución de la sociedad respectiva.
En la exposición de motivos, el presidente López Obrador destaca que esta iniciativa lo que pretende es una mejor justicia con pleno respeto a la división de poderes y a la independencia judicial.
Según el proyecto que el Ejecutivo Federal remitió a la Cámara de Senadores, se establece como una causal de responsabilidad administrativa expresa que quienes valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa del Poder Judicial de la Federación en que ejerza funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo.
También, se sancionará con responsabilidad administrativa los nombramientos cruzados, estableciéndose como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
Los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación tendrán la obligación de presentar su declaración patrimonial y las demás aplicables.
Otros de los propósitos de estas leyes, son:
Consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las que se acceda por concurso de oposición.
Limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por las magistradas y los magistrados, así como por las juezas y los jueces a fin de garantizar que sólo se otorguen a los vencedores en los concursos.
Establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores .
Impulso a la capacitación y profesionalización del personal otorgándole a la Escuela Federal de Formación Judicial un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también la capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, tales como a las y los defensores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios.
Apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, permitiendo que enfoque sus energía únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.
Establecimiento de Plenos Regionales, en sustitución a los Plenos de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre los órganos jurisdiccionales.
Transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones.
Y modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país.
