México, 19 de abril de 2021.- Las comisiones del Trabajo y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron por unanimidad de votos la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el outsourcing o subcontratación laboral en empresas privadas y en la administración pública.
Esta reforma sanciona esta práctica como defraudación fiscal y establece un tope para el pago de utilidades.
Se establece una multa de 4,481,000 pesos a las empresas que violenten esta reforma.
Los cambios a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, limitan la figura de la subcontratación de servicios y prohíbe la subcontratación de personal.
Sólo se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas en el gobierno.
La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, deberá formalizarse mediante contrato por escrito y las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán tener registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Establece el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, que tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.
Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
La oposición se manifestó a favor de la reforma, porque representa una gran avance en la protección y defensa de los derechos laborales en el país.
Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI:
“La mayor valía, me parece, de esta propuesta es que ha sido el resultado de un acuerdo entre la representación tripartita del gobierno, la representación empresarial y la representación sindical. (…) Arribar a una transición que será benéfica para todos. Benéfica para el sector privado, porque la subcontratación que va poder existir, pero de una manera justa, estará fuera de toda sospecha. Para el sector de los trabajadores, lo más importante, porque quien sea contratado para una tarea bajo este esquema, tendrá todos los beneficios de la ley y para el sector público porque las contribuciones derivadas de los salarios de los trabajadores fortalecerán las finanzas públicas”.
Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD:
“Regular el outsourcing de México es un avance, sin duda. (…) Pero, el hecho que México esté optando por la regulación es un paso sustancial. (…) Avances, en donde lo que se está buscando es que no haya subcontratación fraudulenta, no es que la subcontratación de suyo sea ilegal o sea mala, está en la propia ley. Sino que se abusó y se abusó de la figura para efectos fiscales y eso bueno llevó a una afectación doble, a una afectación tanto de de los trabajadores y trabajadoras, como del propio Fisco federal”.
El senador del PAN, Damián Zepeda:
“Es cierto que había quien cumplía bien y también muchas personas que no estaban cumpliendo con la ley. (…) Está bien que se acote y esos márgenes que permitían discrecionalidad, está bien que se acote esos márgenes que permitían abuso y está bien que protejamos los derechos de los trabajadores, claro que sí, por supuesto que sí. (…) Me parece que esto es algo positivo”.
Endurece las sanciones para los patrones que nieguen el desahogo de inspecciones, así como aquellas que utilizan la subcontratación en contravención de las leyes establecidas.
Se detalla que el patrón que no permita la inspección y vigilancia a las autoridades se le notificará para que comparezca a exhibir toda la información requerida.
De no hacerlo, se presumirá que no cuenta con ella.
De volver a impedir el desahogo de la inspección, el patrón podrá ser sancionado con una multa de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, 22,400 a 448,100 pesos.
A quien realice la subcontratación de personal, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, se les impondrá multa de 2,000 a 50,000 veces el valo de la UMA.
El gobierno argumenta que hay empresas que tienen hasta 250,000 trabajadores bajo el esquema de outsourcing, con lo que logran evadir impuestos y eludir sus responsabilidades laborales.
Según estimaciones oficiales la subcontratación laboral afecta por lo menos a 4 millones de trabajadores.
Con esta reforma se pretende que el erario público recupere 21 mil millones de pesos anuales.
