México, 8 de agosto de 2021.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admita la controversia que interpuso el magistrado José Luis Vargas Valdez y emita una resolución que otorgue certeza al funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) envió una carta al presidente de la Corte, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la que destaca la importancia de evitar un colapso constitucional en el funcionamiento del órgano judicial electoral especializado, que tiene pendientes una gran cantidad de trámites en estudio derivados del proceso electoral, los cuales deben recibir una resolución conforme a derecho.
“Ante la potencial crisis institucional en el Tribunal Electoral se debe anteponer su atención en la agenda nacional, porque mañana podría enfrentar la misma situación la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o cualquier otro órgano constitucional autónomo”, señaló.
Dijo que las causas y razones importan, pero los procedimientos constitucionales deben ser la vía para la solución de cualquier diferencia, porque un Estado con tribunales democráticos requiere jueces demócratas y, ante todo, ello implica observar el
Estado de Derecho.
Monreal Ávila recordó que ante su destitución como presidente del TEPJF por cinco de los magistrados que integran su pleno, Vargas Valdez presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia, con base en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Ricardo Monreal reiteró que, desde una perspectiva política y jurídica, el Senado de la República debe responder al llamado de reestructuración u observancia de orden constitucional en el Tribunal Electoral.
Ello, conforme a sus facultades constitucionales, expresas e implícitas, de nombrar a las y los magistrados del TEPJF, de valorar cualquier renuncia o separación, evitar la desaparición de un poder público derivada de una crisis institucional y en la búsqueda de garantizar el principio de inviolabilidad de la Constitución.
Lo ocurrido en el máximo órgano electoral, agregó, pretende dejar sin efectos el mandato constitucional de que el Presidente del Tribunal ejercerá el cargo por cuatro años, lo que de entrada no debe de ser justificado, sino por el contrario, debe ser valorado, en especial si atenta contra la estabilidad de una de las instituciones más importantes de este país.
Monreal Ávila también recordó, al presidente de la Suprema Corte, que “ni la Constitución, ni la ley reconocen alguna facultad a favor de las magistraturas del Tribunal Electoral para evaluar formalmente a su presidente. El único órgano facultado para supervisar la actuación de las magistraturas integrantes del tribunal es la Comisión de Administración”.
Que la Constitución tampoco establece alguna facultad para destituir o revocar el acuerdo de designación de un presidente electo y que la sesión en la que se realiza el nombramiento del nuevo presidente tampoco es válida porque se convocó de manera irregular: la supuesta ausencia del presidente.
Además, tampoco se convocó con la anticipación razonablemente exigida, ni se transmitió por la vía idónea, sino que se hizo a través las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral.
De esta manera, asentó el presidente de la Junta de Coordinación Política, el Tribunal se encuentra en potencial crisis institucional, pero también en una confrontación política que sólo se superará con la voluntad de sus integrantes y a través de la interlocución de buena fe, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la nación como del Senado de la República.
“Habremos de coincidir que un Estado constitucional, democrático y de Derecho, requiere ante todo que sus instituciones y quienes las integran actúen con apego a la Carta Magna y a la ley”, enfatizó.
