México, 24 de septiembre de 2021.- Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, aseveró que las autoridades de la administración anterior incurrieron en tortura y fabricación de pruebas para armas la llamada «verdad histórica».
Al refutar la versión de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Gómez Trejo dijo que esto también ya fue concluido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por las Naciones Unidas, por el Equipo Argentino de Antropología Forense y demás organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Detalló que en la investigación anterior se encontraron indicios de «tortura generalizada», que se comprobó gracias a la colaboración con otras dependencias federales, quienes aportaron más de 40 videos en los que se da cuenta de funcionarios públicos interrogando de manera irregular.
Las grabaciones, además, se suman a declaraciones de testigos presenciales, declaraciones de víctimas, pruebas documentales y el sometimiento de éstas a los protocolos de Estambul «que corroboran no sólo la tortura, sino su encubrimiento por parte de la PGR.
Aclaró que más allá de la tortura, se encontraron irregularidades administrativas en el caso, como la diligencia ministerial realizada en el río San Juan, una de las claves para sustentar la «verdad histórica» y en donde presuntamente se encontró un resto óseo, que fue falseada en su contenido y hechos, ya que los agentes que firmaron el informe al respecto no se encontraban en Guerrero en ese momento, sino en la Ciudad de México.
También, agregó, se falsearon informes, llamadas telefónicas anónimas, oficios de localización de y presentación, entre otras pruebas.
Informó que la fiscalía a su cargo inició los procesos penales para quienes resulten responsables de estas irregularidades y posibles delitos cometidos en la anterior investigación, «porque fue una averiguación previa hecha a modo».
Señaló que producto del mal manejo de las diligencias, todas las personas que fueron presentadas por la PGR, así como los presuntos autores materiales, fueron exonerados por encontrarse indicios de que fueron torturados.
