México, 21 de enero de 2022.- Ante Jennifer Granholm, secretaria de Energía de los Estados Unidos, el PRI en el Senado defendió la reforma energética que aprobó el Congreso de la Unión en 2013 y que impulsó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues atrajo inversiones por 26 mil millones de dólares y aumentó la capacidad de generación de energía de 56 a 7 mil megawatts.
Al fijar el posicionamiento de su bancada, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador priista, declaró que una política energética eficiente, eficaz e innovadora es la llave a un mejor futuro y, en “el PRI creemos que esa política no puede ser única e inamovible, sino que es aquella que se adapta a las necesidades de cada contexto”.
Señaló que en la bancada del PRI en el Senado “consideramos que la solución a los retos actuales no puede ser regresar a los monopolios, las ineficiencias y las energías más contaminantes”.
Recordó que el PRI promovió en 1938 la expropiación petrolera y en 1960 la nacionalización de la industria eléctrica.
Y en 2013 impulsó una reforma energética para modernizar la industria, creando esquemas de mercado sin quitar la rectoría del Estado, para bajar costos y precios, permitir la autogeneración de electricidad en empresas y hogares e, incrementar la generación de energías limpias.
“Poniendo nuestra política energética en sintonía con nuestros compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, que nos obliga a generar por lo menos 35 por ciento de energía limpia en 2024; o el T-MEC que se comenzó a renegociar en la administración pasada y aprobó este Senado y, que obliga a las empresas del Estado a someterse a las mismas reglas de competencia del sector privado”.
Dijo que a 8 años es importante hacer un balance y ponderar los efectos de esta reforma, “con apertura para corregir lo malo, pero también reconocer lo bueno”.
Destacó que gracias a las subastas nuestro país llegó a generar la energía eléctrica más barata del mundo. De 2013 a 2019 el uso de renovables aumentó en 50 por ciento y la capacidad instalada en 88 por ciento.
Osorio Chong reconoció el derecho del gobierno en turno a impulsar e implementar su visión, siempre con apego a la ley y la Constitución, “lo cual consideramos que no ha sido el caso”.
Por ello, dijo, como oposición responsable e institucional presentamos acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica y desde la bancada del PRI “nos hemos manifestado en contra de la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo, ya que pone en riesgo inversiones y empleos y elevaría el costo de la energía hasta en 40 por ciento, reconstruye el monopolio estatal de la electricidad y privilegia las energías fósiles”.
Además de ser contraria al T-MEC, en particular, al capítulo 22 y a nuestros compromisos ambientales.
Por eso, señaló, se ha insistido en un debate alejado de dogmas y centrado en la evidencia, en el que se escuchen todas las visiones y que busque respuestas pensando en el futuro, “no regresando a un pasado que ya probó no haber funcionado y que hoy no es alternativa”.
Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, expuso ante la secretaria de Energía de Estados Unidos el potencial daño ambiental que traería la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, al frenar el desarrollo de energías limpias en México y concentrarse en el mantenimiento de plantas contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad.
Además, del daño a toda la cadena de suministro eléctrico en el país y a las inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras en este sector, que sería otro factor de debilitamiento económico y de incertidumbre.
Señaló también que preocupan las contradicciones con el T-MEC con el planteamiento de cancelar todos los contratos actuales, acotar el acceso de los privados al mercado y desaparecer los órganos reguladores, que dejarían un amplio margen de discrecionalidad y corrupción.
Sin mencionar el altísimo impacto en las finanzas públicas nacionales, ya que el costo de las indemnizaciones que tendría que pagar el gobierno podría ser de hasta el 7 por ciento del Producto Interno Bruto, unos 70 mil millones de dólares.
A su vez, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, al fijar la posición de su bancada, destacó que en la discusión de la reforma eléctrica no basta la opinión de la mayoría, sino que hay que escuchar a todas las voces y revisar los compromisos internacionales, como el caso del T-MEC.
El ex jefe de Gobierno pidió a Jennifer Granholm que hubiera una opinión de la administración Biden sobre posibles implicaciones o no con el T-MEC por la posible aprobación de esta reforma.
