México, 4 de abril de 2022.- Las dirigencias de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron su propuesta alternativa de reforma eléctrica, que formalizarán una vez que se vote y descarte el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los opositores plantearon su propia ruta de discusión: rechazar con sus votos en comisiones y en el Pleno de la Cámara el dictamen de reforma eléctrica tal como la propuso el mandatario y entonces presentar su proyecto alternativo, a discutirse tras las elecciones para evitar que estas contaminen la discusión.
Así la reforma eléctrica se perfila para quedarse entrampada, pues Morena y sus aliados sí tiene mayoría para dictaminar en comisiones, pero no reúne los 334 votos (mayoría calificada) para concretar la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Y la oposición carece también de esos votos para que su contrapropuesta prospere.
Los líderes de los tres partidos y de sus bancadas de diputados ofrecieron una rueda de prensa para ratificar que votarán en bloque en contra del dictamen presentado por el bloque morenista y que avala en sus términos la iniciativa presidencial, y con ello atajaron especulaciones sobre su posible fractura legislativa o electoral.
Sin embargo, pusieron en la mesa una propuesta de 12 puntos que presentarán “en cuanto se deseche la propuesta destructiva de López Obrador, la Ley Bartlett”, afirmó el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.
El líder de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, precisó los tiempos: “nosotros decimos que el mejor tiempo para la discusión es después de los comicios donde se están jugando el 10% de las gubernaturas”.
El priísta reconoció que las elecciones podrían contaminar la votación de la reforma eléctrica, pues hay “posiciones acomodaticias para apoyar a Morena”.
Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional priista, dijo que van por el “significativo descenso de las tarifas de energía eléctrica y que deje de tirar recursos en obras que no tienen beneficio para el país, asegure la competencia efectiva entre generadores de energía y se den garantías a la inversión privada nacional y extranjera, todos con certeza jurídica”.
Mientras, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseveró que en la contrapropuesta opositora si se escucharon las ideas vertidas en el parlamento abierto.
Los 12 puntos de la contrarreforma opositora incluyen dar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) autonomía presupuestal y de gestión para que se desarrolle como una empresa y gane un lugar en el mercado, en tanto que se propone otorgar autonomía Constitucional a la Comisión Reguladora de Energía.
Además, se prevé el establecimiento de subsidios focalizados que permitan una tarifa cero de energía eléctrica para las familias ubicadas en los deciles más bajos de ingresos o bien la instalación de sistemas de generación a pequeña escala en hogares o comunidades en la modalidad de generación distribuida.
Otra propuesta es establecer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y fijar mecanismos que permitan a los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a precios más bajos.
“Se establecerían mecanismos de subastas de cobertura eléctrica de mediano y largo plazo como medida específica de protección al usuario o consumidor”, y se fijará un manual específico para la protección de los derechos del usuario.
En materia de transición energética se buscará establecer la obligación del Estado para conducir la transición energética, con la participación del sector público, privado y social y que ese sea el objetivo fundamental para el Estado en la lucha contra el cambio climático.
El diputado del PRI Rubén Moreira insistió en que en los foros de parlamento abierto se detectó que hay empresas que han abusado por lo que se buscará cambiar el marco legal para combatir esos abusos y simulación, pero no para cancelar la apertura en la generación eléctrica.
En ese sentido “se creará un modelo para incentivar la migración de los contratos legados, obligando a las centrales que tengan 10 años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica en un plazo no mayor a un año” pues se considera que a los 10 años ya amortizaron su inversión.
En la contrapropuesta se indica que el Estado mantiene su rectoría en el sector eléctrico a través de la planeación del mismo con la constitución de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, organismo autónomo del Estado, que sería el nuevo organismo, en sustitución de la Comisión Nacional de Control de Energía (CENACE) y con absorción de CFE transmisión y CFE distribución. (Con información de Política Expansión)