México, 18 de agosto de 2022.- Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública (SFP), informó que se presentaron 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto daño patrimonial por 9 mil 500 millones de pesos en perjuicio de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Liconsa y Diconsa.
El titular de la SFP dijo que las denuncias presentadas están en etapa de investigación en vía de judicialización.
Principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades de funcionarios públicos y detalló que las carpetas de investigación se investigan bajo la figura de delincuencia organizada.
Detalló que el presunto daño patrimonial de 9 mil 500 millones de pesos, deriva de actos de fiscalización, de los cuales, la SFP encontró 6 mil millones de pesos por aclarar, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló presuntas irregulares por un monto de 3 mil 465 millones de pesos.
“Con la información actualizada, a la fecha se encuentran en la Fiscalía General de la República 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la propia FGR, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa.
“Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación con miras a su judicialización, principalmente las denuncias por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada”, dijo.
Refirió que a la fecha hay un servidor público vinculado a proceso por invertir mediante intermediarios financieros en instrumentos de alto riesgo 950 millones de pesos.
“Esta acción se realizó sin respetar la normativa vigente. El capital ya fue recuperado en su totalidad, los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados», afirmó.
Roberto Salcedo Aquino precisó que a la fecha, la Secretaría de la Función Pública tiene abiertos 618 expedientes para la integración de presuntas responsabilidades administrativas, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias ya presentadas. (Con información de El Universal)
