Celebra Mancera que Corte resolvió que todo acto que vulnere derechos humanos en materia político-electoral sea reversible

México, 22 de agosto de 2022.- Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, celebró que los actos del Congreso que vulneren los derechos humanos en materia político-electoral, podrán ser revisables por la Suprema Corte de Justicia de la Nacíón.

Lo anterior, luego que la Corte declarara invalida la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnaci{on Electoral.

Al respecto, enfatizó que nuevamente la Corte le dio la razón a la bancada del PRD, al resolver que no todo es electoral y que por ello debe existir una vía expedita para resolver ciertos actos parlamentarios que vulneren los derechos humanos.

Refirió que esto fortalecerá la ley en el marco de los actos de derecho parlamentario, para que estos queden excluidos de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo cual deben existir contrapesos, pero también límites en casos como la organización interna del Poder Legislativo Federal, ya que solo así se garantiza su soberanía y autonomía.

Mancera recordó que, desde hace meses, él indicó que la ley en la materia establece la improcedencia de un medio de defensa que permite combatir actos parlamentarios, por lo que si se eliminaban dichas disposiciones de manera total se estarían violentando los Derechos Humanos.

Asimismo, añadió que previo a hoy, la Corte ya había sentenciado como inválido el artículo 10, numeral 1, inciso h en el expediente, promovido por el PRD en el Senado contra el acuerdo por el que se le excluyó de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hecho que marcó dos precedentes fundamentales para la vida parlamentaria del Senado:

Por un lado la exigencia de máxima representación en la conformación de los órganos de gobierno y por el otro, que las determinaciones o acuerdos de ambas cámaras siguen siendo impugnables cuando afectan derechos fundamentales.

Este lunes, la Suprema Corte declaró invalida la reforma impulsada por Morena para que el Tribunal Electoral no se inmiscuyera en las decisiones de gobierno del Senado y de la Cámara de Diputados.