México, 24 de agosto de 2022.- Morena demandó fincar responsabilidades penales al expresidente Enrique Peña Nieto, al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y si es el caso al almirante y actual secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por el caso Ayotzinapa.
La oposición en la Comisión Permanente, acusó al gobierno de lucrar políticamente con este caso, de darle ‘carpetazo’ y expiar en Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, sus culpas por la colusión que había entre el gobierno de Iguala y el crimen organizado, que fueron los que desaparecieron a los 43 normalistas.
En tribuna, Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, cuestionó el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que presentó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Afirmó que la presentación del mismo fue una una buena demostración de por qué una Comisión de la Verdad no debe ser gubernamental, porque lo que se vio fue a un servidor público del gobierno que, presentó la versión del gobierno.
“Y lo que vimos en esencia es el montaje de una construcción de una nueva verdad oficial. (…) Tendría que conocerse de los demás niveles de responsabilidad. Por ejemplo, quien es hoy secretario almirante era jefe de la Zona Naval en Acapulco, sabemos que Tomás Zerón actuó con marinos, por ejemplo para ‘sembrar’ evidencias o al menos así se ha presumido. ¿Cómo así que Ojeda no supo? ¿Cómo así que el hoy secretario de la Marina no estuvo enterado?, perdón, no es verosímil ni creíble. ¿Cómo así que el general Cienfuegos no se enteró?, cuando sabemos ya desde el 2019 por trabajo periodístico, había un militar infiltrado? ¿Cómo así que Cienfuegos no se enteró? No es verosímil, si hay un crimen de Estado por supuesto que se tiene que llegar a la responsabilidad que refiere a la participación de las Fuerzas Armadas, con la evidencia cierta que hoy el secretario de Marina estuvo enterado”.
La oposición fustigó que con este informe pareciera que se va a otro escenario, “donde hay nuevos intocables y hay gente que no se toca por un pacto de impunidad”.
Emilio Álvarez preguntó al diputado Gerardo Fernández Noroña:
“¿Usted cree que es verosímil que el comandante de la Zona Naval, hoy secretario de Marina con la participación de efectivos marinos con Tomás Zerón no se hubiera enterado? ¿Usted cree que un militar infiltrado, el general secretario no se hubiera enterado?, y con base en esas respuestas me gustaría que me dijera ¿Porqué no han sido señalados por la Fiscalía para por lo menos llamados a denunciar, presunción de inocencia? ¿Pero, por lo menos llamados a ser investigados?”.
El petista de inmediato respondió que al expresidente Peña Nieto; al exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos e incluyó también al actual secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, deben fincárseles cargos penales por la desaparición de los normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“Yo al igual que usted considero que se debe llegar hasta las más altas responsabilidades. Me parece infame que se haya dejado morir a un soldado, infiltrado, para cubrir la situación existente. Está documentada la participación del Ejército desde hace mucho (…) y me parece que hasta allá deberá llegarse. (…) Yo creo que se debe proceder contra el exsecretario de la Defensa, Cienfuegos; contra el expresidente Peña Nieto, no conocía los datos que da sobre el almirante, pero si así fuese procedería también”.
El diputado del PRI, José Yunes Zorrilla, afirmó que este tema es tan vil que puede utilizarse políticamente, para tratar de cambiar versiones, posicionar y legitimar a un gobierno.
Refirió que el informe que presentó Alejandro Encinas “fundamentalmente es el mismo” que reveló la anterior administración: “jóvenes que fueron interceptados por cuerpos policíacos municipales en una administración vinculada con el mismo partido que hoy gobierna la República y que los pusieron a disposición del crimen organizado. Que los integrantes del crimen organizado los desaparecieron”.
“Es utilizar un hecho tan grave para uso político, no se si sólo electoral, pero por lo menos de legitimización frente a las familias y frente a la opinión pública por parte del gobierno de la República. No importa lo qué fue lo que realmente sucedió, ni quién lo hizo, importa quién puede expiar esa culpa y con cargo a esa libertad, a su presunción de inocencia y a su figura, tratar como coloquialmente se dice en los ámbitos judiciales de dar carpetazo a un hecho que nos debe motivar a seguir trabajando porque nos lastima a todos”.
Imelda Castro, senadora de Morena, defendió el informe que calificó de “completo”, pues explica minuto a minuto lo qué sucedió con este crimen de Estado.
Afirmó que en este gobierno se cumple la ley y se hace justicia y no hay pacto de impunidad con nadie.
La senadora priísta Claudia Ruiz Massieu, rechazó la narrativa del gobierno de que el caso Ayotzinapa es un crimen de Estado.
“Esperamos que la detención del exprocurador, así como de otras personas señaladas como presuntos responsables obedezca estrictamente a la búsqueda de la verdad y no a un interés político y a un ánimo de revanchismo. (…) Rechazamos por lo demás la narrativa de crimen de Estado, es la construcción falaz de una imputación, de una inducción al imaginario colectivo. Hay que distinguir entre los hechos: un grupo de jóvenes que fue privado de su libertad y eventualmente de su vida por grupos de delincuencia organizada de otra circunstancia”.
Reiteró el respaldo de su bancada a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República por las acusaciones de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
