Prisión preventiva oficiosa muestra poca efectividad para contener criminalidad y violencia

México, 20 de diciembre de 2022.- La prisión preventiva oficiosa a tres años de su implementación, no ha resultado una medida efectiva para disminuir la incidencia delictiva, por el contrario, creció 13.4 por ciento la población penitenciaria encarcelada por los delitos incorporados en la Constitución a los que se les aplica esta medida cautelar.

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, señala que en los últimos dos años la población penitenciaria del país creció de 202,337 personas presas, en enero de 2020, a 229,621 recluidas en agosto de 2022.

En la investigación titulada “Prisión preventiva oficiosa: primeros resultados a tres años de su implementación”, se señala que en México existe una situación ‘sui géneris’ que promueve la confusión debido a que coexisten dos figuras reconocidas por el sistema jurídico:

La prisión preventiva, que se puede ordenar de manera justificada por el Ministerio Público y la prisión preventiva oficiosa, que se ordena por los jueces de manera automática en determinados delitos definidos expresamente por la Constitución.

El estudio insiste que la prisión preventiva oficiosa no inhibe la comisión de los delitos.

Un ejemplo fueron los ingresos en los centros penitenciarios del país de 1,037 personas en 2021 por feminicidio, un 9.5 por ciento más de las recluidas un año atrás.

Al cierre de 2021, en México había 3,433 personas recluidas por feminicidio.

Según los datos de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre 2020 y 2021 los feminicidios aumentaron 3.2 por ciento al pasar de 948 a 979 en 2021.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por su parte, reporta que, en este mismo periodo el número de homicidios de mujeres en México creció un 0.8 por ciento al pasar de 3,957 a 3,991.

El estudio establece que no existe evidencia que compruebe la efectividad de la prisión preventiva oficiosa para prevenir el crimen o disminuir la incidencia delictiva.

Refiere que desde sus orígenes, la prisión preventiva ha mostrado poca efectividad para contener la criminalidad y la violencia.

Esta medida aplica desde 2008 para los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y secuestro, entre otros, que no solo no disminuyeron, sino que aumentaron considerablemente en el contexto de la crisis de violencia e inseguridad que nos aqueja desde entonces hasta la fecha.