México, 5 de febrero de 2023.- El plan ‘B’ del presidente Andrés Manuel López Obrador, se perfila para ser la reforma electoral más impugnada en la historia, según un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.
En el estudio “Aspectos del Proceso Legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)”, del investigador César Alejandro Giles Navarro, refiere que hasta el 1 de febrero pasado se presentó un juicio de amparo, 4 acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional contra esta reforma electoral en su apartado de propaganda electoral.
Aunado a lo anterior, se espera que el paquete de reformas relativo a las normas electorales, que será retomado por el Congreso la siguiente semana motive un mayor número de acciones jurídicas y sociales, pues todos los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental ya anunciaron que harían lo mismo con las reformas a normas electorales que tocan la estructura y funcionamiento del INE.
La investigación del IBD identifica que los actores inconformes de la reforma señalan principalmente violaciones al proceso legislativo y argumentan que las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos e, incluso, ponen en riesgo la organización del proceso electoral de 2024.
Por otro lado, el estudio recupera algunos de los argumentos del gobierno y sus bancadas en el Congreso a favor del plan ‘B’, en donde se encuentran aspectos como la austeridad que, según calculan, generaría un ahorro superior a los 3 mil millones de pesos en los procesos electorales.
El estudio del IBD considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver constitucionalidad y validez del plan ‘B’, antes de junio de este año para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024.
Para invalidar el plan ‘B’ se requiere que una mayoría calificada del pleno de la Corte vote en ese sentido, pero en casos recientes 4 de los 11 ministras y ministros han votado en contra, lo que deja vigentes las normas impugnadas.
