México, 23 de febrero de 2023 (NYT).- Los legisladores mexicanos modificaron el miércoles el sistema electoral del país, dando un golpe a la institución que supervisa las votaciones y que hace dos décadas ayudó a sacar al país de un régimen unipartidista.
Los cambios, que reducirán el personal del organismo electoral, disminuirán su autonomía y limitarán su capacidad de descalificar a los candidatos que quebranten leyes electorales, son los más significativos de una serie de medidas adoptadas por el presidente de México, que socavan las frágiles instituciones independientes y forman parte de un patrón de desafíos a las normas democráticas en todo el hemisferio occidental.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido controla el Congreso junto con sus aliados, argumenta que las medidas ahorrarán millones de dólares y harán que las votaciones sean más eficientes.
Las nuevas reglas también buscan facilitar que los mexicanos que viven en el extranjero emitan su voto en línea.
Pero, los críticos —entre ellos algunas personas que han trabajado con el presidente— dicen que los cambios son un intento de debilitar un pilar clave de la democracia de México.
El líder del partido del presidente en el Senado ha calificado de inconstitucional la medida.
Ahora se avecina otra prueba: se espera que en los próximos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha convertido en el blanco frecuente de la ira del presidente, evalúe una impugnación a las medidas.
Si los cambios se mantienen, las autoridades electorales mexicanas afirman que podría dificultarse la realización de elecciones libres y justas, incluida la contienda presidencial clave del próximo año.
“Lo que está en juego es si vamos a tener un Estado de derecho y una división de poderes”, dijo Jorge Alcocer Villanueva, quien trabajó anteriormente en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de López Obrador.
“Eso es lo que quedaría en riesgo, la certeza de que el voto va a ser respetado”.
El organismo de supervisión, llamado Instituto Nacional Electoral (INE), ganó reconocimiento internacional por facilitar elecciones limpias en México, allanando el camino para que la oposición ganara la presidencia en el año 2000 tras décadas de un gobierno dominado por un solo partido.
Sin embargo, desde que perdió unas elecciones presidenciales en 2006 por menos del 1 por ciento de los votos, López Obrador ha sostenido en repetidas ocasiones, sin aportar pruebas, que el instituto ha perpetrado en realidad fraude electoral, una afirmación que se asemeja a las teorías de conspiración de fraude electoral propagadas en Estados Unidos y Brasil.
El escepticismo del líder mexicano sobre las elecciones de 2006 fue incluso retomado el año pasado por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien declaró a The New York Times que él también dudaba de la legitimidad de los resultados.
El principal asesor para América Latina del presidente Joe Biden aclaró posteriormente que el gobierno reconocía el resultado de aquella contienda.
La embajada de Estados Unidos en México ha estado enviando informes a Washington en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia en el país, según tres funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a hablar públicamente.
Pero, si bien algunos legisladores han expresado su preocupación por los cambios en materia electoral, el gobierno de Biden ha dicho poco sobre el tema en público.
El gobierno estadounidense considera poco ventajoso provocar a López Obrador y confía en que las instituciones mexicanas sean capaces de defenderse, dijeron varios funcionarios estadounidenses.
López Obrador ha dicho que quiere agilizar una burocracia inflada.
“Se va a mejorar el sistema de elecciones”, dijo López Obrador en diciembre. “Se logran compactar algunas áreas para que se haga más con menos”.
Muchos coinciden en que el gasto podría recortarse, pero argumentan que los cambios adoptados el miércoles afectan la base de la función más elemental del organismo electoral: supervisar el voto.
Los funcionarios electorales argumentan que las modificaciones los obligarán a eliminar miles de puestos de trabajo, incluida buena parte de las personas que organizan las elecciones y gestionan la instalación de casillas electorales a nivel local en todo el país.
Los cambios también limitan el control de la agencia sobre sus propios gastos y la capacidad del instituto para inhabilitar a candidatos por infracciones de gastos de campaña. (Con información de New York Times)
