México, 12 de marzo de 2023.- Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, aseveró que la suspensión definitiva que una jueza le otorgó a Edmundo Jacobo Molina para ser reinstalado como secretario ejecutivo del instituto representa el primero de muchos reveses jurídicos que sufrirá el plan ‘B’.
En un video publicado en redes sociales, defendió nuevamente la honestidad de Jacobo Molina, quien fue cesado con la entrada en vigor de esta reforma electoral.
Tras la publicación del plan B, el @INEMexico interpuso una segunda controversia constitucional ante la @SCJN. Así, el INE no solo defiende su autonomía sino el estado democrático de derecho en contra de la constelación de inconstitucionalidades de esa reforma. pic.twitter.com/RNc9J12Bzh
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) March 12, 2023
Recordó que “esta semana que concluye, una jueza de Distrito le otorgó al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario probo, honesto y comprometido, al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho, una suspensión definitiva en contra del cese que le impuso indebidamente la reforma y por lo tanto ordena su reinstalación.
Con ello, estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del plan ‘B’ sufrieron su primer revés jurídico. El primero, estoy seguro, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional en nuestro país”, enfatizó.
Señaló que con la entrada en vigor de todo el plan ‘B’, “también entró en su fase decisiva la batalla jurídica para defender ante los tribunales de la República nuestra democracia y el orden constitucional que esas reformas legales violan abiertamente”.
Reiteró que la reforma electoral vulnera los cinco pilares de nuestro sistema electoral democrático, que: son la autonomía e independencia de las autoridades electorales, el Servicio Profesional Electoral Nacional, la estructura permanente del INE en todo el país, la integridad del padrón electoral y las condiciones de equidad en la competencia, que impiden que los gobiernos y los funcionarios públicos intervengan en las campañas electorales.
