México, 2 de julio de 2023.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigió la recomendación 111VG/2023 a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM) por violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la vida y a la integridad.
Así, como a la seguridad personal atribuible a elementos del INM en agravio de 67 migrantes, de las cuales 40 fallecieron y 27 resultaron con lesiones tras el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La Comisión recordó que el 27 de marzo de 2023, en el área de varones de la estancia provisional migratoria del INM en Ciudad Juárez, se encontraban 67 hombres a quienes no se les garantizó una estancia digna y de respeto a sus derechos humanos.
Esto debido a que los servidores públicos del INM omitieron proporcionar condiciones adecuadas para permitirles hacer frente a sus requerimientos básicos durante el tiempo que duraría su estadía.
Además, de que personal del INM en su calidad de garante, omitió cumplir con la obligación que implicaba llevar a cabo todas las gestiones y acciones preventivas necesarias y razonables para salvaguardar la vida e integridad y seguridad personal.
La CNDH acreditó responsabilidad de la Segob, quien tiene la atribución de formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana y de la Cancillería quien, a través de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, cuenta con funciones de coordinación de las políticas, programas y acciones de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública federal en materia migratoria.
La Comisión contó con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la vida y a la integridad y seguridad personal en agravio de las víctimas.
También, solicitó a la titular de la Segob, Luisa María Alcalde que, dentro del diseño de la política migratoria y de movilidad humana, establezca las acciones necesarias para reforzar la protección y seguridad de las personas en contexto de migración.
Asimismo, garantizar el respeto pleno a sus derechos humanos y la no repetición de hechos como los que son materia de análisis en la presente recomendación, entre otras: establecer mecanismos confiables de supervisión, control y verificación migratoria permanentes de las estaciones migratorias.
Así como llevar un registro nacional de personas en contexto de movilidad humana que ingresen a estos establecimientos, además de impulsar acciones y medidas de prevención a efecto de que el INM garantice la reparación integral a las víctimas.
En tanto que la encargada del despacho de la Cancillería, Carmen Moreno Toscano, en su carácter de presidenta de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, se le recomendó impulsar el diseño de una estrategia de coordinación en materia migratoria, que comprenda acciones de carácter prioritario con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.
Lo anterior, con el objetivo que permitan y garanticen la seguridad y el respeto pleno a los derechos humanos de las personas en contexto de migración, además de establecer mecanismos de coordinación y responsabilidad, que garanticen el establecimiento de una política migratoria y por ende, el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad que transiten en el territorio nacional.
Al comisionado del INM, Francisco Garduño, se le instruyó colaborar en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas y sus familias.
A través de la noticia de hechos que se realice a esa Comisión Ejecutiva con la presente Recomendación y que esté acompañada de los Formatos Únicos de Declaración de la CEAV.
Una vez que ésta emita el dictamen conforme a las violaciones a derechos humanos descritas y acreditadas en el presente instrumento recomendatorio, proceda a la reparación integral del daño a las 67 víctimas y sus familiares en términos de la Ley General de Víctimas.
Además, de colaborar ampliamente en la integración de las causas penales 1, 2, 3, 4 y 5, radicadas con motivo de la carpeta de investigación 1, a fin de que se investiguen y determinen las responsabilidades en materia penal de los hechos en agravio de las 67 víctimas, causas penales y carpeta de investigación.
