México, 18 de julio de 2023.- Emilio Lozoya Austin, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de quererlo extorsionar, después de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aumentaron de 10.7 a 30 millones de dólares el monto de la reparación del daño para librar las acusaciones en los casos Odrebecht y Agronitrogenados.
En audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el abogado del exdirector de Pemex, Miguel Ontiveros Alonso, denunció ante el juez de control, Gerardo Alarcón López, el cambio sorpresivo de la cantidad sin una justificación ni motivación de Pemex y la UIF en las reuniones que tuvieron en junio, en las que no participó la Fiscalía General de la República (FGR).
“De manera contraria a las expectativas generadas, el gobierno de México solicitó un pago de 30 millones de dólares, un aumento de 200 por ciento y al solicitar una justificación que fundamentara los 30 millones de dólares, no obtuvimos respuesta”, expuso el litigante al inicio de la diligencia.
Ante ello, el juez solicitó a los representantes legales de Petróleos Mexicanos y de la UIF motivar en ese momento su decisión de aumentar en 200 por ciento la cantidad solicitada para extinguir la acción penal contra el exfuncionario que va a cumplir dos años preso.
“Se requiere la fundamentación porque si no, la Fiscalía genera incentivos perversos como en el sistema anterior y se podría fijar cualquier cantidad de manera arbitraria. Incluso, si el Estado mexicano no quiere celebrar el acuerdo también deben dar una justificación al igual de por qué no estuvo presente la FGR”.
“Debió tener intervención la Fiscalía porque es el rector de la propia investigación, veo que UIF y Pemex van por cuerda separada de la fiscalía y eso tampoco es correcto”, enfatizó el juzgador.
En tanto, la apoderada legal de Pemex, Dairen Zepeda Martínez respondió al juez que la petrolera no tiene deseo llegar a acuerdo con Lozoya Austin y al tratarse de algo voluntario no está obligada a justificar tal decisión ni la exigencia de los 30 millones de dólares y advirtió al juez que si insistía en que justifique la decisión se sentiría coaccionada por los órganos jurisdiccionales.
Ante ello, el juez Gerardo Alarcón López, determinó no llevar a cabo la audiencia intermedia, porque no hubo motivación ni fundamentación en la exigencia de dicho monto, además de que la Fiscalía General de la República no participó en las reuniones dónde Pemex y la UIF establecieron la cantidad.
Ataviado con el uniforme de preso, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, calificó de «ilegal, inmoral y parece que raya en la extorsión» el cambio repentino en la cantidad solicitada por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera.
“La narrativa es falsa e inverosimil, la UIF y Pemex pidieron en enero de 2022, 3. 4 millones de dólares (en el caso Agronitrogenados ), ahora lo que piden es 200 por ciento más, me parece que es inmoral, ilegal y que raya en la extorsión”, reviró el exfuncionario.
Lozoya Austin afirmó que aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República ante el acosó político a su familia y a él.
