México, 24 de octubre de 2023.- Con los votos de la mayoría oficialista, las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para extinguir 13 fideicomisos que acumulaban más de 15 mil millones de pesos.
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Los cambios que adicionan un segundo párrafo al artículo 223 de la legislación, establecen que:
“En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia”.
Senadores del bloque de contención, propusieron posponer la votación del dictamen, hasta tener mayores elementos, como lo declaró Claudia Anaya, senadora del PRI.
Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, pidió “no caigamos en presiones para dictaminar sin el debido proceso legislativo, medidas tan importantes que pueden tener afectaciones para terceros”.
El legislador por Chihuahua acusó la intención de dar un “madruguete”, de precipitar los tiempos, para que se haga de la manera indebida, eso no honra al Senado, no honra a los presidentes de las comisiones”.
Aseveró que no se puede extinguir un fideicomiso no más por capricho. Afirmó que esto “lleva dedicatoria para confrontar a un poder”.
Es una expropiación de recursos y una concentración de poder de un presidente, que quiere imponer sus caprichos a costa de todos, expuso Madero.
La panista Minerva Hernández, lamentó que el objetivo del presidente sea aniquilar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser la única voz de mando.
Rafael Espino, senador de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, se pronunció en contra de los altos privilegios de la alta burocracia judicial.
Sin embargo, reconoció que seis de estos fideicomisos afectan derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial.
Consideró que es inconstitucional esta situación, porque se merma las fuerza laboral y se alteran los principios constitucionales de una justicia pronta y expedita.
Aseveró que las aportaciones de los trabajadores a estos fideicomisos, están garantizadas y anunció que se aplicará una disposición retroactiva para evitarles un perjuicio.
La morenista Imelda Castro, dijo que lo importante de esto es recortar privilegios que tenían los poderes públicos, en este caso, los altos mandos del Poder Judicial, lo que va en contra de una justicia pronta y expedita.
“Para nosotros está claro en Morena, votar a favor de la desaparición de estos fideicomisos. Setenta y seis millones de pesos para el mantenimiento de casas de magistrados y jueces, ¡por favor!”.
Acotó que es urgente que el Poder Judicial “entre a una etapa mínima, que entiendan que debemos de vivir una austeridad mínima”.
La senadora sin partido, Claudia Ruiz Massieu, lamentó que con esta reforma se atente contra la independencia del Poder Judicial y el cumplimiento de sus funciones que son esenciales para el Estado democrático.
Además, de que se vulnerarán la autonomía y autodeterminación del Poder Judicial y su encomienda de ser freno y contrapeso para los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Félix Salgado, senador de Morena, afirmó que el Poder Judicial usó los recursos de estos fideicomisos de manera facciosa, honerosa y fuera de la ley.
“Nos tardamos en extinguir estos fideicomisos, debieron haberse extinguido desde que llegamos, se la debemos al pueblo de México”, citó el legislador por Guerrero.
A Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, se le concedió la palabra en la sesión de comisiones unidas.
Defendió los fideicomisos.
Inició su intervención con una pregunta: “¿Beneficia a la base trabajadora el defender los fideicomisos que pretende eliminar el Poder Legislativo?, la respuesta es sí”.
Hizo una reseña de cada uno de los fideicomisos y aclaró que ninguno de estos paga sueldos y prestaciones de ministros, jueces y magistrados, pues estos rubros previamente provienen directamente del presupuesto.
Expuso que de los 14 fideicomisos en cuestión, tres no manejan fondos, es decir, no tienen dinero.
Otro fideicomiso, comentó, es utilizado para la venta de libros, semanarios judiciales, recopilaciones electrónicas y todos aquellos materiales que produce el Poder Judicial de la Federación para promover la información y la cultura jurídica.
Otros nueve captaron por años los ahorros y economías del Poder Judicial, pues “la ley permitía que los ahorros que se generaran por ejemplo en compras, quedaran resguardados en fondos”.
Estos fideicomisos, dijo, son utilizados en gastos de infraestructura, dos para la Corte y dos para el Consejo de la Judicatura Federal, es decir, para renovar mobiliario, compras y la conservación y construcción de edificios propios de la función jurisdiccional.
Tres fideicomisos son destinados para apoyos médicos complementarios, de los cuales el 40 por ciento son recursos directamente destinados para trabajadores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los últimos dos son destinados a apoyos médicos complementarios protegidos por la Ley de Austeridad Republicana.
“De los anteriores fideicomisos estamos hablando de aproximadamente 8 mil millones de pesos, entonces podemos afirmar que dichos fideicomisos definitivamente si afectan a la base trabajadora que represento, pues no sólo son los servicios médicos complementarios los destinados en beneficio directo a los trabajadores. También, es de considerar que aquellos fideicomisos destinados a infraestructura dejarían sin defensa laboral a oficiales judiciales, actuarios y secretarios, porque si se detiene la creación de nuevos centros de justicia penal, laboral y ahora que están en puerta lo civil y familiar, el trabajo que hacen cinco trabajadores como sucede actualmente, queda en manos de un solo trabajador”, explicó González Pimentel.
Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, acusó que el dictamen tiene inconsistencias legales y constitucionales.
Aclaró que la Ley de Presupuesto establece que el Poder Judicial puede constituir fideicomisos, “ahora nosotros vamos a acabar con todo eso, nada más con una minuta fast track”.
Adelantó que “está cantado lo qué va a suceder, ustedes lo van a aprobar con su mayoría, nosotros lo vamos a impugnar en acción de inconstitucionalidad y el Poder Judicial tiene la obligación de resolver que es inconstitucional y claro que la argumentación va a ser que: es que ellos mismos se conservaron sus privilegios. No, es que ellos volvieron a salvar la inconstitucionalidad de lo que aquí se ha planteado”.
El proyecto de decreto se envió a la Mesa Directiva para que sea puesto a discusión y en su caso aprobación del pleno, en la sesión de este martes.