México, 24 de octubre de 2023.- El pleno del Senado aprobó con 67 votos en pro y 48 en contra la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial.
Este dictamen adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
A las 17:13 horas inició la discusión.
De entrada se desechó una moción suspensiva del PAN para frenar la deliberación, que presentó Xóchitl Gálvez, responsable de la construcción del Frente Amplio por México.
“Pedir que podamos discutir este tema a fondo, que podamos escuchar a los trabajadores antes de tomar decisión y no tomar una decisión con el odio en la mente. Hoy el Frente Amplio le dice a Morena y a sus aliados: tendrán la mayoría, pero no tienen la razón. Seguramente tendrán el voto, pero hace mucho tiempo que perdieron el corazón”.
A nombre de la Comisión de Hacienda, subió a tribuna el senador de Morena Ovidio Peralta, para fundamentar el dictamen.
Sostuvo que de 8 mil 700 millones de pesos en 2013, estos fideicomisos aumentaron a 21 mil 501 millones al segundo trimestre de 2023.
Aseveró que el propósito de la reforma “es desaparecer los fideicomisos que no cuentan con base legal suficiente para subsistir, con lo anterior contribuimos a la transparencia y la austeridad, pues se busca justicia al eliminar el dispendio y la opacidad con la que se manejan”.
Afirmó que estos fideicomisos amparan pensiones complementarias a algunos mandos superiores de la Corte retirados. Enfatizó que estos recursos podrían utilizarse para aumentar en tres veces el apoyo al programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro.
Previo senadores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y sin grupo parlamentario, presentaron 12 votos particulares en contra del dictamen.
La priísta Claudia Anaya, aseguró que estos fideicomisos son legales pues se constituyeron hace 30 años y ninguno de estos beneficia a los 11 ministros o ministras o a los 22 en retiro. Señaló que estas extinciones afectarán directamente a 55 mil trabajadores de todas las categorías y funciones del Poder Judicial.
Acusó que Morena quiere tomar recursos de fondos mixtos, que involucran recursos de particulares, lo que significa un robo.
Anticipó que con la extinción de estos fideicomisos se trastoca el cumplimiento adquirido con tratados internacionales, entre ellos, el T-MEC.
“Específicamente me refiero al capítulo 23 del T-MEC, que puntualiza el compromiso de inversión para la implementación de la reforma laboral y que contempla la modernización judicial. De extinguirse un fondo que se destina a este objetivo, podría Estados Unidos pedir en un panel de resolución de controversias, a razón de que nuestros socios, particularmente el Departamento del Trabajo, tiene un programa de apoyo anual desde 2021 y va al 2025 en donde le dan dinero México para implementar la reforma laboral, específicamente para la observancia de derechos laborales, que es precisamente de lo que se encarga el Poder Judicial”.
El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, afirmó que esta era una reforma presupuestaria punitiva, “de castigo, que busca someter a un poder autónomo e independiente. Demagógica, que busca mermar la imagen ante la sociedad que le tiene una autoestima al Poder Judicial”.
Claudia Ruiz Massieu, senadora sin grupo parlamentario, aseveró que esta reforma es un embate contra las y los juzgadores y los derechos de los trabajadores.
“Esta reforma es un reproche del Ejecutivo Federal contra las y los ministros que deciden apegarse a la ley fundamental y a sus principios antes que a la voluntad presidencial y a sus caprichos. Tiene como propósito dinamitar la independencia que requiere el Poder Judicial para cumplir con sus funciones y disolver el principio de separación de poderes, que es incomodo para un Ejecutivo de talante autoritario, pero esencial para la salvaguarda de las libertades y los derechos de las personas. (…) Tiene como objetivo que el Poder Judicial renuncie a ser freno y contrapeso de los excesos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. (…) Esta reforma es un atentado contra los derechos legítimamente adquiridos de las y los trabajadores”.
La vicecoordinadora del PAN. Kenia López, declaró que Morena se quiere “joder” al Poder Judicial.
Señaló que esta reforma no es por dinero, es por venganza y no solamente van a lastimar al Poder Judicial, a los trabajadores y a sus familias, también a los justiciables.
Aseguró que se usarán los recursos de estos fideicomisos para hacerle su “cochinito” a Claudia Sheinbaum.
“Van a hacer un ‘cochinito’ para Sheinbaum, esta es la realidad y sí tiene ojos de ratero, porque eso es lo que hoy van a hacer, robarle al Poder Judicial, aquí está lo que van a meter en su ‘cochinito’, se van a robar el dinero del fideicomiso que era para la salud de los trabajadores del Poder Judicial”.
La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, posicionó en contra de desaparecer los fideicomisos.
Argumentó que venía a hablar en favor del respaldo institucional y la salvaguarda de los derechos de 22 mil 896 oficiales judiciales, oficiales de partes, técnicos de videograbación, técnicos de servicio, intendentes y oficiales de seguridad.
Así como de 11 mil 314 secretarios y secretarias de tribunal, secretarios y secretarias de juzgado, directores de áreas, secretarios de apoyo, administradoras y administradoras regionales y actuarias y actuarias , de mil 721 juezas y jueces, magistrados y magistrados y mil 211 defensores y defensoras públicos, asesoras y asesores jurídicos que atiendan a la población de menores recursos.
Dijo que todo este capital humano se verá afectado gravemente, “si desaparecemos los fideicomisos que administra el Poder Judicial de la Federación”.
“La posibilidad, como ahora, de que poderes de la Unión se coaliguen para intervenir directamente en la administración interna de un tercer poder, no es un ejercicio republicano, tampoco lo es la eliminación de los fideicomisos, pues como los he relatado algunos contienen recursos de aportaciones de las y los trabajadores que forman parte de sus condiciones generales de trabajo.(…) Como senadora de la República votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos”.
El proyecto de decreto se turnó al Ejecutivo Federal para su promulgación.
