México, 28 de noviembre de 2023.- Con el voto en contra de la oposición, la mayoría de Morena aprobó el primer informe semestral de las acciones que llevan a cabo el Ejército y la Marina en materia de seguridad pública.
La Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública emitió el dictamen, que se avaló con 59 votos en pro y 33 en contra, que contiene un análisis del estado que guardan las instituciones de seguridad pública en todo el país en el periodo del 19 de noviembre de 2022 al 19 de mayo de 2023.
En el dictamen, la Comisión advierte que no existen condiciones de juicio suficientes para señalar las entidades federativas “donde deje de ser requerida la presencia de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, toda vez que la toma de decisiones sobre su retiro implica un análisis detallado y multidimensional de la situación específica de cada entidad, así como una evaluación continua de los resultados y la seguridad a largo plazo”.
El panista Damián Zepeda, aseveró que el fracaso de las últimas administraciones ha sido la militarización de la seguridad pública.
Mencionó que no existe una guardia civil como lo propuso el presidente, sino las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad pública.
“Saben que la Guardia Nacional es responsable, según su informe, de al menos dos por ciento de las detenciones de este país, es increíble, ridículo, no están deteniendo a los delincuentes. No es cierto, saben que tan sólo son responsables de bloquear alrededor de 80 millones de dólares, solamente en dos años. Se ríe, se carcajea el crimen organizado. Eso lo sacan en una vuelta”.
Mario Zamora, del PRI, señaló que el país atraviesa por una escalda de violencia como nunca.
En esta administración, dijo, se han superado cifras de sexenios pasados, con 166 mil 708 asesinatos desde su inicio hasta septiembre pasado, de seguir este ritmo estos superarían los 206 mil al término del sexenio.
“No podemos evaluar la participación de las las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública con información incompleta y cuando la realidad dista mucho de las cifras oficiales”.
La senadora sin partido político, Claudia Ruiz Massieu, criticó el intento permanente de militarizar a la Guardia Nacional y de desaparecer a las policías civiles a nivel nacional, estatal y municipal.
“Durante más de cuatro años la Guardia Nacional ha sido la columna vertebral del proyecto del Ejecutivo Federal para dejar la seguridad pública bajo el control de las Fuerzas Armadas. Hasta le fecha más del 70 por ciento de los elementos que conforman la Guardia Nacional provienen del Ejército mexicano o de la Marina Armada de México, menos de la mitad tienen el certificado único policial para poder actuar como policías civiles”.
Señaló que la presencia de la Fuerza Armada Permanente en el territorio, no ha logrado disminuir la violencia. “Quieren seguir dejando en manos de las Fuerzas Armadas la tarea de seguridad pública, quieren seguir violentando la Constitución”.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, reconoció que es necesario, afirmó que él retiro de la Fuerza Armada Permanente “no tiene vuelta atrás”.
Emilio Álvarez Icaza, lamentó el pacto cívico-militar para una cogobernanza del presidente Andrés Manuel López Obrador con los militares.
Criticó que hoy la Guardia Nacional se utilice para perseguir a migrantes.
“Los homicidios violentos en esta administración son los mayores en la historia del México reciente, ya se rebasó el número del sexenio de Peña, de Calderón al que le dicen baño de sangre, este está peor, el número de desapariciones forzadas es el peor de la historia. Como no pueden resolver con justicia y verdad, lo que quieren hacer es desaparecer a los desaparecidos. Son los peores números de feminicidios”.
En el dictamen se hacen 24 recomendaciones al Ejecutivo Federal.
La Comisión hizo un exhorto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que en los subsecuentes informes, integre la información con la que cuente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se pide a los gobernadores para que, en el plazo máximo de sesenta días, contados a partir de la aprobación del dictamen, presenten la información relativa al cumplimiento de las obligaciones conferidas en el artículo séptimo transitorio del decreto de 26 de marzo de 2019, relativo a los siguientes rubros:
i) El diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
ii) Uso y destino de los recursos previstos en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020.
iii) Seguimiento a la evaluación integral del estado de fuerza y el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento, enviado por el titular del Ejecutivo local a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
iv) Ruta para el retiro gradual de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública.
v) Ruta para determinar de forma anual donde ya no es necesaria la presencia de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad pública, otorgando a las policías civiles su papel.
vi) Fortalecimiento en materia presupuestal para policías locales.
Y se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los años subsecuentes, se destinen recursos específicos al Fondo Permanente de Apoyo a las Entidades Federativas y Municipios para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en el país.
