México, 8 de julio.- La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que la reforma al Poder Judicial que se pretende aprobar, es un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas y pone en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en México.
Al clausurar el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, Piña Hernández hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, a que se sumen al diálogo y “les abran la puerta a fin de compartirles los hallazgos obtenidos de este encuentro, a fin de que pueda conocer cómo afecta la reforma, no solo al futuro de la justicia, sino de todo el país”.
“Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas, un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia”, dijo.
Reconoció que se “necesita una reforma, la cual tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal, pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado, es indispensable considerar el problema de manera integral”.
Resaltó que el problema no se soluciona al remover a las personas que están al frente del sistema de justicia, sino que se deben atender causas más profundas y complejas.
“Lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico, o bien, hacer pensar que la solución está en remover a quienes estamos enfrentando este reto como parte de un sistema, pero no es el sistema en su conjunto”, citó.
Criticó que, en caso de que la reforma al Poder Judicial se apruebe sin ningún cambio, a los órganos de justicia llegarán las personas más populares, además de que representa un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas y pone en riesgo la continuidad de la impartición de justicia.
“El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación, ello no beneficiará a los justiciables, al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país, lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre. (…) Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto, no llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma, es decir, se provocará lo que se intenta erradicar”.
Piña Hernández señaló que la realidad es que la reforma al Poder Judicial “no aborda el problema desde la raíz”, por ello, insistió que, aunque hay urgencia en resolver estas problemáticas que afectan la vida diaria de los mexicanos, no justifica “tomar decisiones rápidas que no atiendan las principales necesidades y causas que pretendemos resolver”.
