México, 29 de agosto.- El sector del autotransoporte del país está en riesgo por negligencia y la corrupción.
La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) es la responsable de emitir el reemplacamiento, así como la licencia federal para los transportistas terrestres, ferroviarios, marítimos y aéreos.
Este último trámite recientemente se transfirió a la Agencia Federal de Aviación Civil, derivado de la de calificación negativa que emitió la autoridad estadounidense en el periodo que la responsabilidad recaía en la SICT.
Hay una extrema urgencia de iniciar un programa de reemplacamiento federal, ya que el último se realizó durante el gobierno de Felipe Calderón, lo cual implica una evidente falta de control y supervisión de las unidades de transporte de carga o pasajeros que circulan a lo largo del territorio Nacional.
Por otra parte, al día de hoy existe un rezago profundo en la expedición de licencias federales para operadores de autotransporte federal, ya que cerca de dos millones de mexicanos que se dedican a esta actividad en sus diversas modalidades, se encuentran operando en la clandestinidad, con la complicidad de las autoridades de la materia.
Estas situaciones han sido provocadas por la profunda indiferencia de Guillermo García Pinto, director general de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte y de Jonathan Sebastián Ramírez Ordoñez, director de Autorización y Evaluación a Terceros, quienes de manera arbitraria e ilegal están desapareciendo la figura de los médicos terceros autorizados e impactando gravemente al sector transporte y sus usuarios.
Asimismo, se tiene conocimiento que personal de la propia dirección general de Protección practican de manera fraudulenta y sin estar facultados para ello, diversos exámenes psicofísicos a efecto de emitir licencias para autotransportistas no aptos, manipulando los sistemas de captura y cobrando moches a los interesados.
Además, de que García Pinto se ha reunido en diversas ocasiones con el dueño de los laboratorios “SALUD DIGNA”, quien recientemente ha sido señalado por prestar su avión privado al gobernador de Sinaloa, acordando eliminar la figura de los médicos terceros autorizados, a fin de que su laboratorio realice los exámenes médicos, lo cual representa un evidente acto de corrupción que no se puede pasar por alto.
Diversas cámaras y agrupaciones de transportistas que han expresado su inconformidad con estas situaciones, sin que a la fecha las autoridades de la SICT se hayan pronunciado al respecto.
Los errores y corruptelas de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPyMPT) afectan gravemente la actividad económica del sector transportista, de sus clientes y de la misma secretaría.
