México, 23 de septiembre.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron con 25 votos en pro y 10 en contra el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La reforma modifica los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política.
Se le da la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos.
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, se señala en el dictamen.
Se establece que la Federación “contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
También, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, la Armada de México y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
La senadora de Morena, Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, rechazó que con esta reforma se militarice a la Guardia Nacional.
“Aunque existen preocupaciones sobre la militarización parcial de la Guardia Nacional, las reformas constitucionales garantizan un control civil y el respeto a los derechos humanos, estableciendo mecanismos claros de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Dada la situación actual en seguridad y violencia, la creación de la Guardia Nacional y su integración en el marco constitucional es una medida justificada para proteger a la población y garantizar la paz”.
Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, afirmó que esta reforma “es el último clavo al ataúd de la seguridad civil en México”.
“Militarizar aún más al país para evitar que la crisis de seguridad siga aumentando, es querer tapar el Sol con un dedo, porque también hay que decirlo sumamente claro, esta reforma es la militarización de la seguridad civil federal. (…) Nuestro voto será en contra, porque no vamos a normalizar con una reforma a la Constitución que otra generación más de niñas y niños viva el paisaje de las calles con militares todo el tiempo, (…) porque además responsabilizar ahora a los militares de la seguridad total de cada pueblo de México es también excesivo e injusto”.
El PRI no apoyará la militarización del país, aseveró la senadora Carolina Viggiano.
“Hoy es alarmante ver como personajes que antes se oponían a la militarización, ahora impulsan reformas que buscan profundizar el control militar en ámbitos que deberían estar exclusivamente bajo el mando civil. En el pasado se levantaron con fuerza contra aquello que ahora pretenden aprobar en el pleno del Senado. Nosotros en el PRI mantenemos nuestra postura firme y coherente: la seguridad de nuestro país no puede depender únicamente de las Fuerzas Armadas, y menos aún en el contexto de una militarización indiscriminada que pone en riesgo las libertades democráticas”.
Marko Cortés, senador del PAN, afirmó que la militarización no es la solución para contrarrestar el rumbo de la creciente violencia e inseguridad en el país.
“Y por lo tanto no ha sido la solución la militarización, desde nuestra visión esto lo único que ha provocado es más muertos, más violencia”.
En el dictamen se menciona que la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que debe ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.
En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, esta designación recaerá en un general de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública. Además, el Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.
El personal que pertenezca a los organismos especializados podrá continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional de manera temporal conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.
Se transferirán a la Secretaría de la Defensa Nacional los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad Pública.
El personal naval que actualmente forma parte de la Guardia Nacional permanecerá integrado a esta.
El dictamen se envió a la Mesa Directiva para que el pleno del Senado lo discuta en la sesión ordinaria del miércoles próximo.
