México, 23 de octubre.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron con 24 votos y 10 en contra modificaciones de fondo la iniciativa que hace inimpugnables las reformas a la Constitución por la vía de la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo.
A propuesta de Morena se eliminaron las modificaciones a los artículos 1° y 105 de la Constitución, que según los opositores atentaban contra las garantías fundamentales del ciudadano.
La oposición celebró que el oficialismo diera marcha atrás a los cambios al artículo 1° de la Carta Magna, porque “es un paso en la dirección correcta”, sostuvo.
Sin embargo, cuestionó que los cambios eran insuficientes y con efectos prácticos graves y regresivos en la aplicación de derechos humanos.
Ricardo Anaya, senador del PAN, acusó que “este pleito que ustedes se traen con el Poder Judicial, se los digo de manera fraterna, me parece los tiene verdaderamente cegados”.
“Inventan un remedio que aparentemente les da el triunfo en esta batalla frente al Poder Judicial, pero me parece que es una medicina que acaba aparentemente con el padecimiento, pero mata al enfermo. (…) Si bien la versión de ayer era -algunos pensamos- grotesca por explícita, la versión de hoy sigue siendo muy grave por los efectos prácticos”.
La priísta Claudia Anaya, afirmó que la reforma aún con sus modificaciones, es regresiva en la aplicación de los derechos humanos alcanzados.
Además de que con ella se viola el Pacto de San José, en los artículos 8 y 25, relativos a “que toda persona tiene derecho a recurrir a un juez o a un tribunal superior para los actos de justicia y que toda persona tiene derecho de acudir a un tribunal superior para interponer un recurso jurisdiccional y así proteger sus derechos humanos”.
Dijo que con esta reforma se pretende limitar la tutela judicial efectiva.
“Que ustedes entiendan que lo que están modificando es la Constitución y que esta no es una pelea contra el Poder Judicial, que cada cosa que se pone en la Constitución, que cada modificación que hacemos en la Constitución es la regla de uso del ciudadano, a quienes estamos afectando es a las personas, no a los jueces. (…) Las reformas que están haciendo serán de uso indeterminado para los ciudadanos, motivo por el cual creo que el enemigo que tomaron como referencia, no es el enemigo al que le van a surtir efecto todas estas modificaciones, están tomando como enemigo o fin último al pueblo que es el que usa la Constitución, a la gente que es la que se ampara en la Constitución como mecanismo de derecho”.
El oficialismo defendió la reforma.
Saúl Monreal, senador de Morena, afirmó que esta reforma no significa la eliminación del control judicial sobre lo que emita el Poder Legislativo.
Desechó pleito alguno del Poder Legislativo en contra del Poder Judicial, “falso”.
“Tiene esa maña la oposición ya de crear falsas narrativas y echar mentiras. Dicen que tenemos un pleito con el Poder Judicial, no, no es por el pleito, es por la intromisión, es por el exceso de funciones que no le corresponden a ningún poder, Legislativo ni Judicial. (…) Se van a poder resolver los amparos a cualquier ley general, se van a seguir con las mismas acciones de inconstitucionalidad. Pero, que quede claro, para efectos de la reforma constitucional, no, porque ahí es donde debemos de defender, porque es nuestra obligación”.
El senador del Partido del Trabajo, Alejandro González, aseguró que esta reforma tiene el propósito de “inhibir interpretaciones sesgadas que algunas personas ciudadanas y otras personas juzgadoras están llevando a cabo, porque quieren impugnar lo inimpugnable… esa es la litis central de nuestro debate, esa es la nuez de la discusión”.
El dictamen se envió a la Mesa Directiva para los efectos constitucionales que correspondan.
