México, 27 de noviembre.- El pleno del Senado aprobó por mayoría de votos reformas a la Constitución Política para imponer prisión preventiva oficiosa (PPO) a quien cometa los delitos de extorsión, use comprobantes fiscales falsos y trafique con fentanilo.
Las modificaciones al segundo párrafo del artículo 19 de la Carta Magna, fueron avaladas con 94 votos en pro y 34 en contra.
Siete panistas votaron a favor del dictamen: Guadalupe Murguía, coordinadora de la bancada, Agustín Dorantes, Mauricio Vila, Antonio Martín del Campo, Mario Vázquez, María de Jesús Díaz y Miguel Márquez.
La oposición fijó postura en contra del dictamen.
El panista Marko Cortés, afirmó que la prisión preventiva automática solo servirá para consolidar la persecución política, además de que socavará la presunción de inocencia.
“Que no se acuerdan de ese principio de que nadie es culpable hasta que se le demuestra lo contrario, de que todos somos inocentes hasta que se le comprueba la responsabilidad. Lo que ustedes están haciendo es tener otro instrumento para la persecución política, porque aquí no se trata de detener al secuestrador, al extorsionador, aquí lo que nosotros queremos es que no haya abuso de poder, eso es lo que está en juego”.
Claudia Anaya, del PRI, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México a modificar la prisión preventiva oficiosa.
“¿Por qué?, porque violenta la presunción de inocencia, se debe de utilizar de manera excepcional, porque debe de ser la última opción de las medidas cautelares a usar”.
La emecista, Alejandra Barrales, sostuvo que esta reforma anula el derecho de las personas de ser juzgadas ante cualquier señalamiento. Lamentó que con el voto de la mayoría, se estará instaurando en México la prisión preventiva automática.
La priísta Cristina Ruiz, señaló que la prisión preventiva oficiosa no detendrá el fenómeno del fentanilo.
Antes, el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, defendió la reforma y sostuvo que la mayoría del poder reformador está de acuerdo en incluir en el catálogo delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, conductas que han sembrado el miedo, la pobreza y la desconfianza en la sociedad.
“De este modo al catálogo ya existente se añade la extorsión, una prática que asfixia a todo mundo, a comerciantes, agricultores, empresarios, comerciantes de muy bajo monto, destruye economías locales y familiares y alimenta el crimen organizado. Su impacto va más allá de lo económico, genera terror, paraliza comunidades enteras y perpetua la pobreza”.
Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano, lamentó que se pretenda aplicar un castigo sin pruebas.
“Esta propuesta es un error, con consecuencias devastadoras para nuestro sistema de justicia, sobre todo, para la gente más vulnerable de México. (…) Pero, lo que esta reforma busca es convertir a las cárceles en espacios de espera interminable para personas que ni siquiera han sido juzgadas. (…) Esta figura que permite encarcelar automáticamente a una persona sin juicio, sin análisis, sin control judicial convierte a la prisión preventiva, que debería ser una medida excepcional, en una sentencia anticipada”.
El senador del Partido Verde, Waldo Fernández, explicó que se debe considerar la prisión preventiva oficiosa como una garantía para quienes son no sólo víctimas sino testigos de los delitos, poder declarar sin miedo a ser amenazados.
Gustavo Sánchez, senador del PAN, apuntó que esta reforma no logrará que disminuyan los índices delictivos, los cuales se han incrementado en los últimos años.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que en resumidas cuentas la prisión preventiva oficiosa es una “prisión sin juicio”, es decir, que se encarcele para investigar y que no se investigue para encarcelar.
Externó su preocupación de que en un escenario de militarización y de vulneración del sistema de contrapesos al ejercicio del poder, la prisión preventiva oficiosa se convierta en una herramienta de persecución política. Sostuvo que la criminalidad no se combate encerrando a las y los más pobres.
El panista Francisco Ramírez Acuña, ex secretario de Gobernación, acusó que la prisión preventiva oficiosa lesiona el derecho de tener un juicio en base a las pruebas y del Sistema Penal Acusatorio.
Advirtió que esta medida violenta la dignidad y la integridad a las personas que sin ninguna prueba serán detenidos y encarceladas con una visión persecutória y con tintes de venganza.
La morenista Lucía Trasviña, afirmó que esta reforma “no busca castigar a las personas más vulnerables, busca protegerlas y defenderlas, es una medida excepcional”.
Reiteró que la reforma “no busca encarcelar a inocentes, esto debe de quedar muy claro, busca devolverle al pueblo la esperanza, buscar resarcir los daños morales y patrimoniales que causan constantemente a las víctimas”.
El decreto se envió a los congresos de los estados para los efectos constitucionales que correspondan.
