México, 28 de noviembre.- El pleno del Senado, aprobó con 86 votos del oficialismo y 42 en contra la extinción de siete órganos constitucionalmente autónomos (OCA’s), como parte del plan “C” que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Se eliminan como entes autónomos: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
También desaparecen la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Con la eliminación de estos organismos se prevé sumar a las arcas de la Federación alrededor de 4 mil 422 millones de pesos, que serían destinados al Fondo de Pensiones del Bienestar.
Se avaló la creación de un órgano desconcentrado, que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para impedir que México enfrente sanciones económicas en el marco del T-MEC.
Tendrá independencia técnica y operativa, además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque dependerá directamente del gobierno.
Asumirá las funciones en materia de libre competencia y concurrencia, y de acuerdo con las modificaciones aprobadas al artículo 28 de la Constitución Política tendrá como función: prevenir, investigar y combatir monopolios y concentraciones en todos los mercados, a fin de eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia.
El organismo que sustituirá a la Cofece concentrará las funciones del IFT en materia de preponderancia y regulación asimétrica del sector de telecomunicaciones.
La oposición y el oficialismo se enfrentaron por esta reforma que modifica los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución Política.
La mayoría parlamentaria rechazó una moción suspensiva presentada por Guadalupe Murguía, coordinadora del PAN, que pretendía detener el proceso de aprobación.
El priísta Manlio Fabio Beltrones, sostuvo desde la tribuna que lo que se vota no es sólo la desaparición de siete organismos autónomos, sino regresar a un modelo de Estado plural, pequeño y a un gobierno obeso y único, reviviendo el “ogro filantrópico”, que tanto le costo al país erradicar.
Recordó que la creación de estos organismos tuvo una razón de ser, revisar los actos del Estado ejercidos por los gobiernos para que la ciudadanía tuviera una participación directa en los mismos y en la revisión de su aplicación y en los recursos que se emplearon.
Con la constitución de estos organismos, dijo, se buscó evitar el control unilateral y unipersonal sobre temas que atentaban los derechos de la sociedad.
“Con estos organismos se logró evitar que el gobierno mantuviera su labor de juez y parte en diversos aspectos de la vida social. (…) Es más lo que perdemos que lo que ganamos. Es un asunto de cuenta chiles, esquizofrénico. (…) Lo que se está proponiendo es el debilitamiento del Estado plural para convertirlo en un gobierno centralista, que funcione a nombre del Estado, eso es muy distinto. De esa forma el gobierno está volviendo, está regresando a adquirir funciones que le habíamos dado a instituciones del Estado, todo para fortalecer a la sociedad, y para evitar abusos de parte de unos cuantos poderosos momentáneamente en turno”.
El morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se pronunció a favor de su extinción. Afirmó que estos sólo fomentaron la opacidad, duplicaron funciones e hicieron crecer la corrupción
“Estos organismos no cumplieron su objetivo, y en cambio dañaron al pueblo de México, tan es así que entre 2018 y 2024 recibieron 32 mil millones de pesos para funcionar, lo cual es lamentable si consideramos que auditorias recientes evidencian tráfico de influencias y desvío de recursos”.
Marko Cortés, senador del PAN, cuestionó que con esta reforma el Ejecutivo Federal pretenda ser juez y parte a efecto de otorgar o no información que pueda ser solicitada, por lo que consideró que esto proyecta un retroceso en materia de combate a la opacidad y a la corrupción.
“Están construyendo una autocracia, de hecho lo digo con más claridad, lo que están queriendo es un hiperpoder presidencial. (…) Lo único que quieren es que no haya otros datos, lo único que quieren es que no se pueda investigar la corrupción, enorme corrupción de sus gobiernos, lo único que quieren es que si se persiga a los opositores, (…) y seguir teniendo siempre la pistola sobre la mesa para amedrentar a aquellos gobiernos que puedan contrariarse con el gobierno federal”.
El emecista Luis Donaldo Colosio, aseveró que el desmantelamiento de instituciones como el IFT, la Cofece, el INAI y el Coneval atenta contra la democracia participativa y de decisión de la ciudadanía para poner a los gobiernos instituciones que los supervisen en su actuar y decisiones.
“Alegan que los organismos son ineficientes, que están cooptados por intereses privados, pero ignoran, o deliberadamente ocultan los logros que estas instituciones han brindado al país. (…) Un contexto de incertidumbre económica global, esta decisión es un disparo en el pie. (…) Desmantelar estas instituciones por los errores de unos cuantos no solamente no soluciona el problema, es un acto de irresponsabilidad, y estamos poniendo en riesgo lo que hemos construido durante tantos años como sociedad”.
Otro morenista, Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, refirió que con estos cambios se rediseñan estructuras orgánicas, haciendo más eficiente y transparente el servicio público, redirigiendo recursos a áreas prioritarias en beneficio de las y los mexicanos.
La priísta Carolina Viggiano, refirió que con la desaparición de los organismos autónomos y su traspaso de funciones a las dependencias de sector, representa un retroceso y una falta de objetividad en la revisión de las políticas públicas.
Con la reforma aprobada, la CNH y la CRE formarán parte de la Secretaría de Energía.
Mientras, las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) serán absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las de Mejoredu por la Secretaría de Educación.
Respecto al Inai, sus atribuciones en materia de política de transparencia se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública.
Además, se cierra el paso a la inversión privada en materia de concesiones para la explotación de litio al establecer que en ningún caso tendrá prevalencia sobre la empresa pública de Estado.
El decreto se envió a las legislaturas locales para los efectos constitucionales que correspondan.
