México, 4 de diciembre.- El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, aseguró que la iniciativa de Ley de Aguas enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como objetivo principal poner fin al acaparamiento y la mercantilización del agua, prácticas que durante décadas han permitido que unos cuantos concentren grandes volúmenes del recurso en perjuicio de comunidades enteras y de pequeños productores.
Morales destacó que este punto —terminar con el acaparamiento— es el corazón de la reforma, pues busca impedir que el agua siga tratándose como un negocio privado y garantizar que el recurso vuelva a manos de la nación.
“Esta reforma lo que nos va a permitir es que el agua deje de verse como una mercancía, que deje de estarse mercantilizando, terminar con esta visión que ha causado muchas afectaciones en nuestro país, como el acaparamiento, como la sobreexplotación, como un mercado ilegal en donde unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de las mayorías, en donde hay quienes concentran grandes cantidades de agua y las venden además con un fin de lucro, mientras hay comunidades y pequeños productores que no cuentan con el agua suficiente para poder realizar sus actividades”, afirmó.
Morales señaló que durante años empresarios, actores políticos y grandes usuarios han concentrado concesiones, pozos y presas de forma abusiva, generando un desequilibrio que dejó sin agua a comunidades rurales y zonas agrícolas.
Recordó el caso del exgobernador César Duarte, quien mandó construir una presa privada para retener 700 mil metros cúbicos, afectando a comunidades aguas abajo y contribuyendo al conflicto en la presa La Boquilla.
Este tipo de casos, dijo, son ejemplos del modelo que la reforma busca erradicar.
El titular de Conagua aseguró que la campaña de desinformación que circula en redes y en la discusión legislativa responde justamente a los intereses de quienes se han beneficiado del acaparamiento.
Enumeró las afirmaciones falsas más frecuentes:
• Heredar o vender una propiedad con concesión deja de ser posible — Falso.
Los derechos actuales están garantizados.
• Se criminaliza al pequeño productor — Falso.
Las sanciones están dirigidas a quienes concentran, desvían o venden agua de manera ilegal.
• Se regulará o prohibirá la captación de lluvia — Falso.
La iniciativa incentiva estos sistemas y solo regula construcciones que ya operan como presas ilegales.
• Transportar agua en pipas será delito — Falso.
Solo se sanciona el robo de agua y su comercialización clandestina.
• Se quitarán concesiones o no se podrá usar un pozo doméstico — Falso.
Todos los derechos vigentes están plenamente protegidos.
Morales acusó que estas narrativas están impulsadas por sectores que buscan “meter miedo” a productores y ciudadanos.
“No es otra cosa que actos desesperados de quienes ven perder sus privilegios y su capacidad de acaparar agua”, sostuvo.
La reforma también plantea:
• un sistema público y transparente de concesiones,
• prioridad al derecho humano al agua,
• reconocimiento formal a sistemas comunitarios tradicionales,
• sanciones por corrupción en trámites de concesiones.
Según Morales, se trata de devolver el recurso a quienes más lo necesitan y asegurar que las futuras generaciones no enfrenten crisis hídricas provocadas por la concentración del agua en pocas manos.
El director de Conagua aseguró que la nueva Ley de Aguas es una medida de justicia social que garantizará agua suficiente para todas y todos.
“Lo que estamos restituyendo es el acceso al recurso natural más preciado, poniendo fin al acaparamiento que ha afectado durante años a las comunidades”, afirmó.
Pidió a productores mantenerse informados y confiar en que serán los principales beneficiados una vez que la iniciativa avance al Senado.
