México, 5 de diciembre.- En conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, presentó este viernes el informe sobre las acciones del gobierno de México dirigidas a ese sector de la población, con especial énfasis en la expansión de la pensión para personas con discapacidad y el reconocimiento de la rehabilitación como derecho constitucional.
“La rehabilitación es un derecho llave para las personas con discapacidad”, resumió Montiel durante su intervención, en la que recordó las reformas constitucionales que han ampliado los derechos y las coberturas para este grupo poblacional.
Montiel recordó que existen dos reformas constitucionales que marcan el eje de la política pública: la aprobada en mayo de 2020 —en plena pandemia— y una actualización publicada el 2 de diciembre del año pasado, que amplía la pensión para personas con discapacidad como un derecho universal de los 0 a los 64 años (las personas a partir de 65 años pasan automáticamente a la pensión de adulto mayor).
La funcionaria subrayó que estas garantías —la pensión y el derecho a la rehabilitación— buscan que las personas con discapacidad alcancen “su mayor autonomía e independencia”.
Montiel ofreció cifras concretas sobre el alcance de los programas:
• Beneficiarios de la pensión para personas con discapacidad (menores de 65 años): 1,614,018 personas.
• Inversión destinada este año a ese rubro: 32,000 millones de pesos.
• Estados donde la pensión es universal (con aportación concurrente): 24 entidades. En esos estados la Federación aporta la mitad de los recursos y los gobiernos estatales la otra mitad; en 2025 los estados aportaron 3,776 millones de pesos.
• Universo atendido (menores de 30 años): alrededor de 900,000 personas.
• Inversión acumulada desde 2018: 141,353 millones de pesos.
Montiel enfatizó que la pensión a nivel nacional no existía antes de 2019 y que desde entonces la asignación presupuestaria ha aumentado para cubrir la universalidad donde procede.
Sobre rehabilitación y atención primaria, la secretaria de Bienestar informó que:
• El programa Salud Casa por Casa ha visitado a más de un millón de personas con discapacidad en su domicilio, ofreciendo consultas gratuitas y registrando el historial médico digital, que puede compartirse con todo el sector salud.
• Se está construyendo un mapeo de discapacidad por territorio para identificar focos de riesgo y diseñar acciones de prevención.
Montiel explicó que la rehabilitación produce mejores resultados cuando se aplica desde la niñez, pero que “se tiene que aplicar a lo largo de la vida”.
La secretaria reportó acciones específicas para niñas y niños con enfermedades graves:
• Familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer sin seguridad social reciben un apoyo bimestral de 6,400 pesos, por instrucción de la Presidencia; hasta ahora se han registrado 2,698 niñas y niños con cáncer en los padrones correspondientes.
• Existe un convenio con la Fundación Teletón para ofrecer terapias gratuitas a menores de 18 años; el padrón registra 25,525 niñas y niños que se benefician de estas terapias.
• Desde el inicio del programa de rehabilitación en 2021 se han otorgado 4,401,000 terapias gratuitas.
Montiel celebró que la discapacidad haya pasado a formar parte de la agenda pública y destacó el compromiso del gobierno para incrementar recursos.
No obstante, reconoció retos pendientes: la ampliación de la pensión a toda la República (más allá de los 24 estados con aportación concurrente), la implementación homogénea de servicios de rehabilitación en todo el territorio y la necesidad de escuchar a las propias personas con discapacidad para mejorar políticas.
En ese sentido anunció la próxima presentación de una consulta diseñada “de y para” las personas con discapacidad —detalles que, dijo, se darán una vez que la presidenta autorice su difusión— con el objetivo de incorporar su voz en la formulación e implementación de políticas públicas.
La estrategia del gobierno combina medidas económicas (pensiones y apoyos) con servicios sanitarios y de rehabilitación.
Las cifras presentadas por Bienestar —1.6 millones de beneficiarios, más de 4.4 millones de terapias otorgadas desde 2021 y una inversión acumulada superior a 141 mil millones de pesos— buscan mostrar resultados cuantificables.
