México, 13 de enero.- La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que el registro de teléfonos celulares no tiene relación alguna con labores de vigilancia, espionaje o seguimiento de la ubicación de las personas, sino que se trata de un mecanismo administrativo operado por las propias empresas telefónicas para fortalecer la seguridad y combatir delitos como la extorsión y el fraude.
Durante su explicación, la mandataria subrayó que el registro de líneas móviles es realizado directamente por las compañías de telefonía, que son también las responsables de resguardar y proteger la información de los usuarios, conforme a la ley y a los lineamientos de protección de datos personales.
“Es la propia empresa telefónica quien hace el registro y quien cuida la información”, afirmó Sheinbaum, al señalar que actualmente en el país existen alrededor de 158 millones de líneas de telefonía celular, una cifra superior al total de habitantes, lo que refleja la importancia de contar con mecanismos claros de identificación de líneas.
La presidenta enfatizó que este registro es una herramienta clave para garantizar la seguridad pública, particularmente en el contexto del combate a la extorsión telefónica, uno de los delitos de mayor impacto para la población.
No obstante, fue enfática al señalar que no permite saber dónde se encuentran las personas ni monitorear sus actividades cotidianas.
“No tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente, nada”, puntualizó.
Sheinbaum explicó que la información registrada permanece bajo resguardo de las empresas telefónicas y solo puede ser solicitada por las autoridades de seguridad o de procuración de justicia cuando existe una investigación formal por la comisión de un delito.
Es decir, el acceso no es libre ni automático, sino que está sujeto a procedimientos legales específicos.
Detalló que, por ejemplo, cuando se presentan llamadas de extorsión o fraude y las víctimas realizan la denuncia correspondiente —como a través del número 089—, entonces la autoridad puede solicitar a la empresa telefónica los datos asociados a la línea desde la cual se cometió el delito, con el objetivo de identificar a los responsables.
“Solamente la autoridad tiene acceso a esa información si con ese teléfono se cometió un delito”, reiteró.
Finalmente, la presidenta precisó que el registro de los usuarios debe realizarse directamente con la empresa telefónica, y no ante el gobierno, lo que refuerza que el proceso no constituye un sistema de control poblacional, sino una medida de apoyo a la investigación de delitos y a la protección de las víctimas.
