México, 21 de enero.- Ante un déficit creciente de talento en sectores estratégicos y una transformación estructural de la migración en el país, especialistas de organismos internacionales coincidieron en que la integración plena de personas migrantes y refugiadas al mercado laboral mexicano no solo es una obligación en materia de derechos humanos, sino una oportunidad estratégica para fortalecer la productividad, la competitividad y la cohesión social.
En el marco del foro “Trabajo sin fronteras: reforma laboral para la inclusión y la igualdad”, organizado por el Senado de la República, la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, Dana Graber-Ladeck, subrayó que México ha dejado de ser únicamente un país de origen y tránsito para convertirse también en territorio de destino y oportunidades, lo que exige una actualización del marco laboral y normativo acorde con esta nueva realidad.
Expuso que, en coordinación con ACNUR y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la OIM ha trabajado en propuestas para actualizar la Ley Federal del Trabajo y otros mecanismos normativos, a fin de reconocer formalmente las competencias y capacidades de las personas en contexto de movilidad e impulsar su integración efectiva al empleo formal.
Graber-Ladeck advirtió que los datos del mercado laboral son contundentes: siete de cada diez empleadores en México reportan dificultades para cubrir vacantes, mientras que estimaciones privadas prevén la creación de hasta 1.1 millones de nuevos empleos hacia 2027, con un faltante crítico de mandos medios si no se acelera la certificación y el reconocimiento de habilidades.
En ese contexto, afirmó que incorporar plenamente a las personas migrantes al mercado laboral no solo responde a principios de igualdad y derechos, sino que permite cerrar brechas de talento y avanzar hacia un modelo económico más competitivo e incluyente.
“El reto es construir un marco normativo que reconozca el potencial de las personas migrantes y, al mismo tiempo, fortalezca la productividad y la cohesión social del país”, sostuvo, al reiterar el compromiso de la OIM para acompañar el proceso legislativo mediante diálogo técnico e intersectorial.
Por su parte, Joselin Barja Coria, asociada principal de Soluciones Duraderas de ACNUR, destacó que el acceso al empleo digno es un pilar central para la integración sostenible de personas refugiadas y en movilidad, así como una puerta de entrada al ejercicio de otros derechos como la salud, la educación y la protección social.
Recordó que a nivel global existen 123 millones de personas desplazadas forzosamente, es decir, una de cada 67 personas en el mundo, mientras que solo en México, durante 2024, 78 mil 900 personas solicitaron la condición de refugiado, cifras que representan historias, familias y trayectorias de resiliencia.
Barja Coria resaltó la tradición histórica de México como país de asilo y subrayó que la migración actual ya no es solo de paso, sino que un número significativo de personas se establece de manera permanente, aportando al desarrollo económico, social y cultural del país.
Como ejemplo, señaló que más de 50 mil personas refugiadas han participado en programas de inclusión social y laboral, contribuyendo anualmente con alrededor de 275 millones de pesos en impuestos, lo que demuestra que la inclusión laboral genera beneficios tanto individuales como colectivos.
No obstante, reconoció que, pese a los avances normativos —como la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político—, persisten desafíos en la implementación que limitan el acceso pleno al trabajo formal y a condiciones laborales igualitarias.
Ambas representantes coincidieron en que el foro representa un primer paso para construir consensos que permitan avanzar hacia una reforma laboral incluyente, alineada con los compromisos internacionales de México y con la realidad de un país que enfrenta simultáneamente un déficit de talento y una creciente diversidad en su fuerza laboral.
El encuentro reunió a legisladores, representantes del sector público y privado, sindicatos, academia y organizaciones civiles, con el objetivo de abrir un diálogo técnico que siente las bases de una reforma laboral que combine inclusión, igualdad y desarrollo económico.
