México, 18 de febrero.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional para poner fin a las pensiones millonarias que actualmente reciben exfuncionarios de altos mandos del gobierno federal, una práctica que calificó como un privilegio injustificado que ha significado un gasto oneroso para el erario durante años.
Durante su mensaje, la mandataria adelantó que la propuesta será enviada el próximo lunes a la Cámara de Senadores y contempla una modificación al artículo 127 de la Constitución, con el objetivo de establecer un límite claro a las jubilaciones y pensiones de quienes ocuparon cargos de confianza en la administración pública federal.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián, explicó que la iniciativa busca que las pensiones de exfuncionarios de alto nivel no puedan exceder el 50 por ciento de la remuneración que percibe la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, la presidenta o el presidente en funciones.
Precisó que la reforma no afectará a trabajadores sindicalizados ni a quienes cuentan con pensiones derivadas de contratos colectivos o condiciones generales de trabajo, cuyos derechos están protegidos por la ley.
El ajuste aplicará exclusivamente a exaltos mandos de confianza que, pese a haber ocupado cargos por periodos relativamente cortos, reciben jubilaciones desproporcionadas con cargo a recursos públicos.
“Estamos hablando de pensiones sin privilegios, bajo tres principios fundamentales: austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera”, subrayó Damián.
Sheinbaum detalló que existen casos de exdirectivos que trabajaron uno o dos años en organismos públicos y hoy reciben pensiones mensuales de 300 mil pesos, e incluso superiores al millón de pesos, durante décadas.
“Imagínense recibir un millón de pesos mensuales durante 20 años, con dinero del pueblo”, señaló.
De acuerdo con estimaciones preliminares del gobierno federal, la aprobación de la reforma permitiría ahorros cercanos a los cinco mil millones de pesos, recursos que serían canalizados directamente a programas de bienestar social.
“Estamos hablando de recursos del pueblo que hoy se siguen destinando a privilegios injustificables”, enfatizó la presidenta.
Para reforzar el sentido de equidad de la propuesta, Sheinbaum relató su propia trayectoria laboral y explicó que, al asumir la Presidencia, renunció a su plaza académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, tras haber agotado el máximo de licencias permitidas.
Indicó que, cuando se jubile, su pensión corresponderá únicamente a su antigüedad laboral registrada ante el ISSSTE y difícilmente superará los 30 mil pesos mensuales, monto que calificó como una pensión digna, aunque muy inferior a las que hoy reciben algunos exfuncionarios de alto nivel.
“Eso es lo que debe prevalecer: pensiones justas, no privilegios”, afirmó.
La presidenta reconoció que la reforma podría enfrentar inconformidades, aunque recordó que las reformas constitucionales no son susceptibles de amparo, lo que refuerza su viabilidad jurídica una vez aprobadas por el Congreso y los congresos estatales.
