La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) requerir información adicional a Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia acusara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Durante una conferencia de prensa, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, afirmó que la solicitud enviada por autoridades estadounidenses carece, hasta ahora, de pruebas suficientes que justifiquen la detención provisional con fines de extradición.
“El pedimento no presenta evidencia, fundamento ni motivos que acrediten la urgencia de una detención. Tampoco existen elementos anexos que demuestren la comisión de un delito”, sostuvo el funcionario, quien advirtió además que la difusión pública del caso podría poner en riesgo el debido proceso.
La FGR precisó que lo recibido no constituye una solicitud formal de extradición, sino únicamente una petición de medida cautelar para detener provisionalmente a 10 ciudadanos mexicanos, lo cual —subrayó— debe cumplir con requisitos estrictos establecidos en la legislación nacional y en el tratado bilateral entre México y Estados Unidos.
Jiménez Vázquez enfatizó que este tipo de medidas implican una restricción a derechos humanos, por lo que solo pueden concederse si existen pruebas sólidas y se acredita plenamente la urgencia, con el objetivo de evitar la evasión de la justicia.
En ese sentido, reiteró que la institución actuará conforme a derecho y bajo el principio de soberanía nacional. “Nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa del Estado de derecho. Nada ni nadie está por encima de la ley”, afirmó.
Por su parte, el fiscal especial de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, confirmó que ya se solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses ampliar la información del caso, petición que se realiza por canales oficiales y bajo carácter confidencial.
La FGR indicó que se mantendrá a la espera de la respuesta de Estados Unidos para realizar un segundo análisis del expediente y determinar si la solicitud cumple con los requisitos legales establecidos en el tratado de extradición vigente entre ambos países.
Mientras tanto, la dependencia dejó claro que no es posible emitir una postura institucional definitiva sobre el caso.
