Chihuahua, 23 de mayo.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió este sábado en Palacio de Gobierno un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para acudir a rendir declaración ministerial relacionada con el caso del narcolaboratorio localizado en la sierra tarahumara y el accidente en el que murieron dos agentes estadounidenses el pasado 19 de abril.
De acuerdo con la información dada a conocer, la mandataria estatal deberá presentarse el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez.
Al momento de recibir el oficio, Campos Galván estuvo acompañada por integrantes de su equipo jurídico y político, entre ellos el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal, José Carlos Rivera Alcalá; el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; el secretario particular Fernando Álvarez Monje, así como el abogado Roberto Gil Zuarth.
Tras recibir el documento, la gobernadora aseguró que acudirá al citatorio pese a contar con fuero constitucional y aprovechó para lanzar un señalamiento político al comparar su situación con la de otros mandatarios estatales.
“Con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ante la FGR, ni a ningún otro gobernador de este país. Pues ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, expresó Campos Galván luego de recibir el oficio ministerial.
El citatorio se da en medio de las investigaciones federales relacionadas con el presunto narcolaboratorio detectado en la región serrana de Chihuahua, así como por el accidente ocurrido en abril pasado, donde perdieron la vida dos agentes estadounidenses que participaban en labores vinculadas con seguridad y combate al crimen organizado.
La comparecencia de la mandataria estatal ocurre en un contexto de creciente presión política y de seguridad en Chihuahua, además de que representa un hecho inusual al tratarse de una gobernadora en funciones requerida para declarar por autoridades federales.
El caso también adquiere relevancia por las implicaciones binacionales derivadas de la muerte de los agentes estadounidenses, situación que ha mantenido atención tanto de autoridades mexicanas como de Estados Unidos.
