México, 27 de mayo.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la colonia Doctores de la Ciudad de México, para responder al citatorio relacionado con la investigación del narcolaboratorio desmantelado en la sierra de Chihuahua, operativo en el que murieron dos agentes de la CIA.
La mandataria estatal llegó respaldada por la dirigencia nacional del PAN y legisladores del partido, entre ellos Jorge Romero Herrera, Ricardo Anaya, Elías Lixa y Enrique Vargas del Villar, además de su abogado, Roberto Gil Zuarth.
A las afueras de la FGR, Campos lanzó un duro discurso contra el gobierno federal y acusó que las instituciones son utilizadas con fines políticos para perseguir a opositores.
“Hoy en México es desgraciadamente evidente el uso político de las instituciones federales”, sostuvo la gobernadora, quien afirmó que acudió “a dar la cara” porque tiene “la dignidad para hacerlo”.
La mandataria aseguró que el gobierno de Chihuahua colaboró “sin reservas” con la FGR en las investigaciones relacionadas con el laboratorio clandestino; sin embargo, denunció que el citatorio fue utilizado bajo la figura de “testigo” para intentar fabricar un caso en su contra.
“Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la única finalidad de fabricarme un caso y convertirme en culpable”, afirmó.
Campos acusó además que las autoridades federales violaron la protección constitucional de su cargo y advirtió sobre un supuesto “autoritarismo” y “totalitarismo” del gobierno de Morena.
En uno de los momentos más ríspidos de su mensaje, la gobernadora contrastó su situación con las acusaciones contra funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos nexos con el narcotráfico.
“Mientras a una gobernadora que combate al crimen organizado la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a funcionarios de Sinaloa acusados de vínculos con el narcotráfico les dan impunidad absoluta”, acusó.
La panista sostuvo que Morena busca “empatar cartones” para desviar la atención de los señalamientos sobre presuntos vínculos del crimen organizado con actores políticos afines a la llamada Cuarta Transformación.
“Están muertos de miedo por lo que viene para ellos”, expresó.
Campos aseguró que no existe ninguna acusación formal en su contra, pero afirmó que desde hace semanas buscan “torcer la ley” para perseguirla políticamente. Incluso advirtió que el caso representa una amenaza para cualquier ciudadano que piense distinto al gobierno federal.
“Hoy la perseguida es la gobernadora de Chihuahua; mañana puedes ser tú cualquiera de nosotros”, dijo.
La mandataria cerró su mensaje convocando a defender las libertades y acusando al gobierno de Morena de “abrazar a los delincuentes mientras persigue a quienes intentan hacer cumplir la ley”.
Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que la comparecencia de Campos forma parte de una “persecución política” orquestada por la 4T.
“No la miden”, dijo Romero sobre el gobierno federal. “Estamos en un país donde si combates al crimen organizado y desmantelas un narcolaboratorio, entonces te citan en la Fiscalía”.
El líder panista acusó un “doble rasero” por parte de Morena y afirmó que mientras opositores son investigados, a gobernadores morenistas señalados por presuntos nexos criminales “se les protege”.
Además, lanzó una advertencia política al gobierno federal.
“Si este régimen autoritario y persecutor se atreviera a ponerle un dedo encima a la gobernadora, nos vamos cientos de miles de personas a las calles”, declaró.
En tanto, el abogado Roberto Gil Zuarth explicó que la presencia de Campos en la FGR obedeció únicamente a la entrega de un escrito de objeción contra el citatorio emitido por el Ministerio Público.
Gil Zuarth argumentó que la Fiscalía carece de facultades para citar a una gobernadora en calidad de testigo de inculpado y acusó que el oficio estaba plagado de ambigüedades e inconsistencias.
“No reconocemos la facultad de ningún ministerio público para imponer actos de molestia en calidad de testigo a la gobernadora del estado de Chihuahua”, sostuvo.
También afirmó que la FGR ni siquiera precisó qué hechos investiga y reclamó que cualquier requerimiento de información debe realizarse mediante mecanismos institucionales entre autoridades.
“Si quieren información sobre cualquier circunstancia del gobierno de Chihuahua, traten a la gobernadora como lo que es: una autoridad legítima y democráticamente constituida”, señaló.
