México, 2 de junio.- El senador Javier Corral anunció que desistirá de la impugnación presentada contra la determinación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de no ejercer acción penal contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, respecto de los hechos relacionados con el intento de su detención ocurrido el 14 de agosto de 2024 en la capital del país.
A través de un comunicado conjunto firmado por su equipo jurídico, el legislador argumentó que su decisión responde a la “distorsión informativa” y al uso mediático y político que, aseguró, se ha hecho del caso.
Según el documento, Corral decidió no continuar con el recurso legal para evitar que el ejercicio de sus derechos sea utilizado en lo que calificó como una campaña de victimización y manipulación política.
El senador dirigió sus críticas a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien acusó de mantener una postura contradictoria respecto al mismo procedimiento judicial.
De acuerdo con Corral, mientras en la Ciudad de México el trámite fue presentado por el gobierno estatal como evidencia de una persecución política, en Chihuahua se ha utilizado como una prueba de exoneración.
En el comunicado se establece que la resolución de la Fiscalía capitalina quedará firme en relación con los acontecimientos registrados en agosto de 2024.
Sin embargo, Corral sostuvo que el caso no concluye con esa determinación, pues afirmó que continúan abiertas diversas investigaciones relacionadas con presuntos delitos cometidos en su contra por autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización y del Poder Ejecutivo de Chihuahua.
El exgobernador chihuahuense aseguró que dichas indagatorias se encuentran actualmente bajo revisión de la Fiscalía General de la República, derivadas tanto de denuncias presentadas por él mismo como de actuaciones iniciadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
En su posicionamiento, Corral insistió en que existe un “montaje” en su contra y sostuvo que el fondo del asunto radica en el supuesto uso político de instituciones públicas para perseguir adversarios.
Por ello, llamó a que las autoridades investiguen de manera integral tanto las acusaciones formuladas durante su administración como las denuncias sobre una eventual utilización facciosa de las instituciones estatales por parte del actual gobierno de Chihuahua.
El comunicado concluye con un exhorto a realizar investigaciones exhaustivas que permitan esclarecer responsabilidades de ambas partes, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Asimismo, señala que la sociedad mexicana está cansada de la politización del sistema de justicia y tiene derecho a conocer, con base en pruebas, quiénes actuaron conforme a la ley y quiénes recurrieron a la manipulación o la mentira.
La decisión del senador cierra el frente jurídico relacionado con la impugnación de la resolución emitida por la Fiscalía capitalina, pero mantiene vigente la confrontación política y legal entre Corral y el gobierno de Chihuahua, un conflicto que continúa trasladándose a instancias federales de procuración de justicia.
