México, 7 de julio.- La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales, presentará una iniciativa para eliminar la obligación de registrar las líneas de telefonía móvil con datos personales como la CURP, al considerar que esta medida vulnera derechos fundamentales y podría afectar a millones de usuarios que no cumplan con el trámite.
La propuesta será presentada este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y plantea derogar diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establecen el registro obligatorio de líneas celulares como condición para su activación o permanencia.
La iniciativa contempla eliminar los artículos 103, 164 fracción III y el artículo Trigésimo Transitorio de dicha legislación, con lo que se dejaría sin efecto el esquema que obliga a las personas usuarias de telefonía móvil a proporcionar información personal para conservar su servicio.
Barrales también propone que todos los datos recopilados durante la aplicación de este mecanismo sean destruidos de manera definitiva, con el objetivo de impedir que la información pueda ser reutilizada, transferida o utilizada con fines distintos por autoridades o particulares.
La legisladora emecista sostuvo que el acceso a las tecnologías de la información y a los servicios de telecomunicaciones es un derecho reconocido en la Constitución, por lo que —dijo— cualquier medida que condicione el acceso a estos servicios debe analizarse bajo criterios de protección a los derechos ciudadanos.
“La seguridad pública y el combate a delitos como la extorsión no pueden construirse a costa de la privacidad de las personas”, señaló la senadora, al afirmar que la estrategia contra la delincuencia debe enfocarse en fortalecer las instituciones de procuración e impartición de justicia, mejorar las capacidades de investigación y utilizar herramientas de inteligencia.
La propuesta de Movimiento Ciudadano surge luego de una encuesta en la que, de acuerdo con el partido, el 49.7 por ciento de las personas consultadas manifestó su rechazo a entregar la CURP y datos personales como requisito para mantener activa su línea telefónica.
Barrales advirtió que la eventual suspensión de millones de líneas móviles por no cumplir con un registro obligatorio tendría un impacto social regresivo, debido a que afectaría especialmente a personas que utilizan el teléfono celular como una herramienta esencial para comunicación, trabajo, educación y acceso a servicios.
La vicecoordinadora de la bancada naranja afirmó que las decisiones legislativas deben responder a las preocupaciones de la ciudadanía y reiteró que su partido buscará impulsar medidas de seguridad que combinen eficacia contra los delitos con respeto a los derechos fundamentales.
