México, 27 de julio.- La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó categóricamente que exista una persecución política contra Erasto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California o Ernesto “N” en la investigación por la presunta red de contrabando de hidrocarburos por vías férreas y sostuvo que su vinculación a proceso responde exclusivamente a las pruebas obtenidas durante una indagatoria técnica que ha permitido documentar un posible daño al erario superior a 4 mil millones de pesos.
En un posicionamiento oficial, la institución respondió a las versiones que atribuyen motivaciones políticas al caso y afirmó que el exfuncionario “no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos”, sino por su probable participación en una estructura empresarial que presuntamente operó miles de importaciones irregulares de combustibles.
La Fiscalía subrayó que fueron las propias investigaciones ministeriales las que condujeron a identificar a las personas hoy vinculadas a proceso.
“Las investigaciones revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política”, señaló.
La dependencia explicó que la investigación comenzó con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, cuya condición representaba un riesgo para la población y la seguridad industrial debido a las altas temperaturas y al desconocimiento del tipo de sustancia que contenían.
Tras realizar inspecciones, análisis de laboratorio y diversos peritajes, la FGR amplió la investigación hacia toda la cadena logística del combustible.
Como resultado, identificó otros ferrotanques en San Luis Potosí y Nuevo Laredo que presentaban el mismo esquema de importación irregular: en los documentos aduanales únicamente se declaraba alrededor del 10 por ciento del combustible que realmente transportaban.
Con ello, las autoridades lograron reconstruir la ruta ferroviaria utilizada para trasladar los hidrocarburos e identificar una red con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en distintas entidades del país.
La investigación también incluyó el análisis de pedimentos aduanales, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa, lo que permitió ubicar a una empresa constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México como la principal importadora involucrada.
De acuerdo con la FGR, Ernesto “N” se incorporó a esa sociedad dos meses después de su creación y, para 2021, ya figuraba como accionista y secretario del Consejo de Administración, participando junto con José “N” en la representación legal y en la toma de decisiones estratégicas de la empresa.
Ambos también habrían intervenido en modificaciones societarias, otorgamiento de poderes y gestiones relacionadas con comercio exterior y autoridades fiscales y aduaneras.
La dependencia añadió que, con el paso del tiempo, la empresa amplió su objeto social para incluir actividades relacionadas con la importación, exportación, almacenamiento, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias, elementos que posteriormente cobraron relevancia dentro de la investigación.
Hasta el momento, la carpeta integra 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes en química, ingeniería mecánica y eléctrica, criminalística, fotografía e identificación de combustibles, además de análisis documentales e inteligencia financiera.
La FGR precisó que la imputación formal presentada hasta ahora corresponde a un perjuicio fiscal superior a 100 millones de pesos, derivado del contrabando detectado en 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025.
Sin embargo, el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Servicio de Administración Tributaria permitió identificar más de 4 mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre de ese año, cuyo impacto económico podría rebasar 4 mil millones de pesos, monto que buscará acreditar durante la investigación complementaria.
Finalmente, la Fiscalía reiteró que el proceso se desarrolla con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de los imputados.
Asimismo, recordó que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa conforme a la Constitución, por lo que insistió en que las medidas cautelares y la investigación obedecen exclusivamente a los elementos de prueba reunidos y no a razones políticas.
