México, 4 de agosto.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representen un mecanismo de censura gubernamental y aseguró que la autoridad únicamente podrá sancionar a los concesionarios de radio y televisión cuando incumplan tres obligaciones administrativas: publicar un código de ética, designar un defensor de las audiencias y establecer un mecanismo para recibir y atender quejas de la ciudadanía.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que existe una campaña de desinformación en torno a los lineamientos, los cuales permanecen en consulta pública y aún pueden modificarse, al insistir en que el gobierno no intervendrá en los contenidos informativos ni decidirá qué es verdad o mentira.
“Es absolutamente falso” que se trate de censura, sostuvo Sheinbaum al explicar que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano con autonomía técnica, únicamente podrá imponer multas cuando un concesionario incumpla con esas tres obligaciones previstas en la legislación.
“Si el medio publica su código de ética, pone a su defensor de las audiencias y establece claramente su esquema de quejas, nunca podrá ser multado”, afirmó.
La presidenta subrayó que ninguna disposición permite sancionar opiniones o contenidos periodísticos, por lo que preguntó: “¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No. ¿Se puede censurar? No”.
Explicó que el objetivo es garantizar que las audiencias conozcan a quién acudir cuando consideren vulnerado su derecho a la información, de manera similar a los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos pueden solicitar información pública al gobierno.
Asimismo, señaló que los concesionarios únicamente deberán hacer públicos sus propios códigos de ética, nombrar libremente a su defensor de las audiencias y habilitar un procedimiento para recibir inconformidades.
En materia de transparencia editorial, Sheinbaum explicó que cuando un espacio informativo incluya contenido pagado deberá identificarse como publicidad mediante una leyenda o la letra “P” al inicio y al final del segmento correspondiente.
Además, los programas que mezclen información y opinión únicamente deberán advertir esa condición al inicio y al cierre de la emisión.
“¿Qué tiene que ver eso con la censura? Nada”, respondió.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, respaldó la postura presidencial y aseguró que, tras la publicación de los lineamientos, se inició una campaña de desinformación basada en interpretaciones que no corresponden al contenido del documento.
Explicó que los lineamientos derivan directamente de la legislación y del artículo sexto constitucional, el cual reconoce desde 2013 el derecho de las audiencias a recibir información veraz, plural y oportuna.
Precisó que será cada medio de comunicación el que defina, mediante su propio código de ética, los mecanismos para verificar la información que difunde, sin que el Estado evalúe la veracidad de los contenidos.
También aclaró que el defensor de las audiencias será designado por cada concesionario y no por el gobierno, mientras que la autoridad únicamente intervendrá cuando un medio incumpla con publicar su código de ética, nombrar a dicho defensor o establecer un procedimiento para atender las quejas ciudadanas.
Alcalde detalló que los lineamientos únicamente exigen identificar con una “P” los espacios comercializados al inicio y al final del segmento patrocinado, así como informar al inicio y al cierre de los programas cuando éstos combinen contenidos noticiosos con opiniones.
La funcionaria sostuvo que estas medidas buscan evitar que la publicidad se presente como información periodística y ofrecer claridad a las audiencias sobre la naturaleza de los contenidos, sin restringir la libertad de expresión ni facultar al gobierno para intervenir en el trabajo editorial de los medios de comunicación.
