Almoloya de Juárez, Estado de México, 7 de agosto.— A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el caso Iguala alcanzó nuevamente a un exgobernador: Ángel Aguirre Rivero quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa y permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras enfrenta el proceso penal por su presunta responsabilidad en los hechos.
El exmandatario guerrerense compareció este viernes ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, en la sala dos del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputara delitos relacionados con la desaparición forzada de los normalistas.
Aguirre Rivero llegó a la audiencia en silla de ruedas y sin portar todavía el uniforme penitenciario.
Acompañado por sus abogados y su esposa, tomó la palabra ante el juez y rechazó cualquier participación en la desaparición de los estudiantes ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“Tengo mi conciencia tranquila y muy en paz”, afirmó el exgobernador.
Durante su intervención, sostuvo que nunca tuvo participación alguna en los hechos de Iguala y cuestionó que su detención ocurriera después de casi 12 años, al señalar que durante todo ese tiempo estuvo dispuesto a comparecer ante las autoridades cuando fuera requerido.
“Ayer fui detenido a las 10 de la mañana después de 12 años de la desaparición de los normalistas. Si yo hubiera sido convocado por el fiscal del caso, hubiera asistido. Nunca me he rehusado”, declaró.
El exgobernador insistió en que no se ocultó de las autoridades y aseguró que estaba dispuesto a colaborar con las investigaciones.
“He manifestado mi deseo de colaborar. Nunca me he escondido”, sostuvo ante el juzgador.
Uno de los señalamientos formulados por la Fiscalía General de la República está relacionado con la presunta destrucción de videos que documentaban la detención de un grupo de normalistas frente al Palacio de Justicia de Iguala.
La acusación forma parte de la nueva línea de investigación que busca establecer responsabilidades de funcionarios y autoridades que tuvieron conocimiento o intervención antes, durante y después de los acontecimientos de septiembre de 2014.
El caso Ayotzinapa ha atravesado distintas investigaciones y versiones oficiales durante casi 12 años.
La desaparición de los estudiantes se convirtió en uno de los casos de violaciones graves a los derechos humanos más relevantes de México y mantiene abiertas diversas líneas para determinar qué ocurrió con los jóvenes y quiénes participaron en los hechos y en su posterior encubrimiento.
Durante la audiencia, la defensa solicitó que enfrentara el proceso bajo prisión domiciliaria, argumentando principalmente su edad y diversas condiciones de salud.
Entre los padecimientos señalados se encuentran hipertensión arterial, problemas de próstata y principios de diabetes.
Los abogados también buscaron acreditar que Aguirre Rivero cuenta con arraigo suficiente en el país y que, por su condición de adulto mayor, no representaría un riesgo para el desarrollo del proceso si permaneciera bajo resguardo domiciliario.
Sin embargo, el juez rechazó la petición y determinó que existe un riesgo de que el exmandatario pueda sustraerse de la acción de la justicia.
Uno de los elementos considerados por el juzgador fue la información presentada por la FGR respecto a que Aguirre Rivero cuenta con cuatro domicilios en la Ciudad de México.
La Fiscalía también señaló que sus escoltas habrían intentado impedir o dificultar su aprehensión, argumento que fue utilizado para sostener que existen condiciones que podrían facilitar una eventual evasión.
Con base en estos elementos, el juez determinó que la medida cautelar procedente era la prisión preventiva oficiosa.
Tras la resolución, Ángel Aguirre Rivero continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El exgobernador permanecerá en ese centro penitenciario mientras se desarrolla el proceso correspondiente y se determina su situación jurídica.
La decisión representa un nuevo episodio en el prolongado caso Ayotzinapa y coloca nuevamente a un exmandatario estatal en el centro de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes.
Aguirre Rivero dejó el gobierno de Guerrero en octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los normalistas y en medio de la presión política y social generada por los hechos de Iguala.
