México, 13 de agosto.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la obligación de registrar las líneas telefónicas y descartó que la medida tenga como propósito vigilar a los ciudadanos, al señalar que el objetivo central es cerrar una de las principales vías utilizadas por delincuentes para cometer extorsiones y fraudes.
Ante la incertidumbre por la posible suspensión, a partir de este fin de semana, de al menos 8 millones de líneas que no hayan sido registradas, Sheinbaum aseguró que los usuarios que enfrenten la suspensión podrán recuperar su línea simplemente realizando el registro correspondiente.
Sin embargo, dejó en manos de la comisión encargada de telecomunicaciones determinar si habrá o no una prórroga.
La mandataria explicó que la decisión responde directamente al problema de la extorsión telefónica, al señalar que alrededor de 80 por ciento de las amenazas relacionadas con este delito se realizan mediante llamadas telefónicas.
“Muchas de estas amenazas vienen por teléfono”, sostuvo, al explicar que uno de los principales obstáculos para las investigaciones es que numerosos números telefónicos no están asociados con una identidad.
Sheinbaum puso como ejemplo una denuncia por extorsión. Cuando una persona reporta que recibió una amenaza desde determinado número, las autoridades solicitan a la empresa telefónica información sobre el titular de la línea.
El problema, explicó, es que en muchos casos el chip fue adquirido en establecimientos comerciales sin que exista una asociación efectiva con una persona.
“¿Quién lo compró? ¿Cómo lo compró?”, planteó la presidenta, al señalar que esa falta de información dificulta seguir la ruta de los delincuentes y llevar las investigaciones hasta quienes utilizan los teléfonos para cometer delitos.
La presidenta sostuvo que México se encuentra entre los países donde todavía es posible adquirir chips sin una asociación directa con la identidad del usuario, situación que, afirmó, facilita que los delincuentes compren múltiples líneas, las intercambien y las utilicen para realizar extorsiones.
Por ello, explicó que el registro busca que tanto los usuarios de prepago como de pospago tengan una línea asociada con su identidad. En el caso de los usuarios de pospago, deberán proporcionar sus datos para completar el procedimiento.
Sheinbaum insistió en que la información no quedará en manos del gobierno, sino de las compañías telefónicas. El acceso a los datos, afirmó, únicamente podrá solicitarse cuando exista una investigación y mediante las instancias correspondientes, como una fiscalía o un juez.
“¿Es para que el gobierno te espíe? No, no tiene nada que ver con eso”, enfatizó.
La presidenta presentó el registro como una acción preventiva y colectiva contra la delincuencia. A su juicio, asociar cada número telefónico con una persona permitirá que, ante una denuncia por extorsión o fraude, las autoridades tengan un punto de partida para identificar al usuario de la línea.
También advirtió que la medida busca evitar que los delincuentes puedan comprar fácilmente diez o más chips y cambiarlos constantemente para dificultar su localización.
El problema no se limita a las extorsiones. Sheinbaum también señaló el uso de llamadas telefónicas para cometer fraudes, particularmente mediante la suplantación de instituciones bancarias.
Explicó que una persona puede recibir una llamada aparentemente proveniente de un banco y, bajo ese engaño, proporcionar información que posteriormente es utilizada para retirar dinero de sus cuentas.
En este contexto, sostuvo que la identificación de las líneas telefónicas debe contribuir a reducir tanto las extorsiones como los fraudes.
Respecto a la posibilidad de ampliar el plazo para registrar las líneas, Sheinbaum evitó confirmar una prórroga y señaló que la decisión corresponde a la comisión responsable de telecomunicaciones.
“No he hablado recientemente con ellos”, reconoció, al tiempo que llamó a los usuarios y empresas a colaborar para completar el registro.
La presidenta destacó que esta política forma parte de las acciones de la estrategia nacional contra la extorsión y sostuvo que el análisis del fenómeno llevó al gobierno a considerar indispensable establecer una asociación entre el número telefónico y una identidad.
El mensaje central de Sheinbaum fue que el registro no pretende controlar a los usuarios, sino dificultar que las líneas anónimas sean utilizadas como herramientas para delinquir.
“Si todos cooperamos”, resumió, se podrá hacer más difícil que quien pretenda utilizar un teléfono con fines ilícitos pueda adquirir y cambiar chips con facilidad.
Sheinbaum reconoció que existen millones de líneas cuya situación real no está clara, debido a que algunas fueron adquiridas pero podrían no encontrarse activas. Por ello, pidió esperar la información que proporcione la comisión de telecomunicaciones sobre el número definitivo de líneas que podrían resultar afectadas y sobre la posibilidad de algún ajuste al plazo establecido.
La presidenta cerró su explicación al señalar que la medida deriva de una ley aprobada con amplio respaldo y que el propósito es establecer un mecanismo de identificación que, desde su perspectiva, permita golpear una de las herramientas más utilizadas por los delincuentes para realizar extorsiones a distancia.
