México, 30 de agosto.- La presidenta Claudia Sheinbaum propuso al Senado una reforma a la Ley de Inversión Extranjera para establecer un nuevo esquema de escrutinio de las adquisiciones realizadas por capital extranjero en empresas mexicanas cuando puedan representar riesgos o amenazas para la seguridad nacional.
La iniciativa remitida por la Secretaría de Gobernación, busca modificar las reglas vigentes para que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras deje de evaluar estos procesos únicamente bajo criterios económicos y cuente con un mecanismo especializado para identificar, mitigar o impedir operaciones que puedan comprometer intereses estratégicos del país.
El cambio de mayor alcance consiste en crear un nuevo Título Sexto Bis denominado “De la seguridad nacional en las inversiones extranjeras”, mediante el cual se establece que una inversión extranjera que pretenda participar, directa o indirectamente, con más de 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana deberá obtener autorización de la Comisión cuando la empresa supere un valor de activos que será determinado posteriormente mediante resolución general y desarrolle actividades consideradas estratégicas.
La propuesta coloca bajo especial vigilancia a sectores que van desde energía, transporte, sanidad, comunicaciones y minería, hasta tratamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales, actividades aeroespaciales y de defensa, así como instalaciones sensibles y los terrenos o inmuebles indispensables para esas infraestructuras.
También incorpora como tecnologías críticas a la inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de energía, tecnología cuántica y nuclear, además de nanotecnología y biotecnología.
El alcance se extiende al suministro de insumos fundamentales, particularmente energía y materias primas; seguridad alimentaria; y el acceso a información sensible, incluidos datos personales o la capacidad de controlar dicha información.
La Comisión también podrá incorporar mediante resolución general otras actividades o sectores económicos de naturaleza similar.
Con ello, el gobierno federal pretende modificar un modelo en el que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras tiene principalmente una orientación económica.
La exposición de motivos sostiene que actualmente la ley permite impedir adquisiciones por razones de seguridad nacional, pero no establece parámetros y directrices suficientes para realizar ese análisis, por lo que plantea incorporar criterios especializados de identificación y evaluación de riesgos.
Para reforzar ese nuevo enfoque, la iniciativa propone integrar a la Comisión a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana.
Además, cuando se analicen asuntos relacionados con seguridad nacional, tendrán participación permanente, aunque con voz y sin voto, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La reforma busca así conectar la evaluación económica de una inversión con información de seguridad, inteligencia, fiscalización y procuración de justicia.
El objetivo declarado es que las decisiones sobre adquisiciones sensibles tengan un análisis integral y permitan detectar posibles amenazas antes de que una operación sea concretada.
El procedimiento también cambiaría sustancialmente para los casos sujetos al nuevo escrutinio, la solicitud deberá ser presentada conjuntamente por la sociedad mexicana y el inversionista extranjero.
La Comisión tendrá inicialmente hasta 60 días hábiles para resolver, aunque podrá suspender el plazo para requerir información adicional y ampliarlo hasta por 30 días hábiles cuando la complejidad del asunto lo justifique.
A diferencia del régimen general, en estos procedimientos no operará la afirmativa ficta. Si transcurren los plazos sin resolución, la solicitud se considerará negada.
La Comisión tendrá tres alternativas: determinar que no existen riesgos y autorizar la adquisición; permitirla pero condicionarla a modificaciones destinadas a mitigar el riesgo; o impedirla por razones de seguridad nacional.
Las autorizaciones condicionadas podrán incluir obligaciones de reporte periódico y mecanismos para verificar el cumplimiento del orden jurídico nacional.
La iniciativa también endurece las sanciones.
Las empresas que concreten una adquisición que requería autorización sin haberla obtenido podrían enfrentar multas de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Pero las sanciones más elevadas, de cinco mil a 200 mil veces la UMA, se aplicarían cuando una sociedad mexicana transfiera acciones a un inversionista extranjero pese a que la Comisión haya negado la autorización o cuando se incumplan las medidas de mitigación impuestas.
El gobierno justifica el nuevo esquema como un intento de equilibrar apertura económica y protección de la soberanía.
La exposición de motivos señala que la inversión extranjera es relevante para generar empleo, innovación y bienestar, pero sostiene que el Estado debe garantizar simultáneamente mecanismos efectivos de supervisión, transparencia, previsibilidad y protección de los derechos de los inversionistas.
El nuevo umbral de activos que determinará qué operaciones estarán obligadas a solicitar autorización deberá ser fijado por la Comisión mediante resolución general dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.
En los hechos, la reforma plantea un nuevo filtro para operaciones extranjeras en áreas consideradas estratégicas: México mantendría abierta la puerta a la inversión, pero reservaría al Estado la posibilidad de revisar, condicionar o frenar adquisiciones cuando el control extranjero pueda comprometer infraestructura crítica, tecnologías estratégicas, suministros esenciales o información sensible.
