A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) ha colocado bajo especial escrutinio la operación de funerarias y del Servicio Médico Forense de Iguala, al surgir indicios que apuntan a una posible utilización de estas instalaciones para el manejo de cuerpos y el eventual ocultamiento de evidencias relacionadas con los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Al presentar los “Avances en las líneas de investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero”, Mauricio Pazarán, fiscal especial del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, precisó que el nuevo rumbo de la investigación parte, entre otros elementos, del reanálisis de registros telefónicos de aquella noche.
La Fiscalía identificó comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y Rodolfo N., empresario propietario de las funerarias El Ángel y Funerales Económicos Rueda.
Posteriormente, los investigadores establecieron que Rodolfo N. mantuvo ocho comunicaciones con Irving N., quien entonces era estudiante y actualmente también es parte de esta línea de investigación.
El dato adquirió mayor relevancia debido a que Rodolfo N. y su familia no solamente eran propietarios de las funerarias investigadas, sino que también eran concesionarios del Servicio Médico Forense, institución encargada de certificar las causas de muerte y emitir autorizaciones relacionadas con la inhumación o incineración de cuerpos.
De acuerdo con la exposición del fiscal, esta misma familia tenía participación en la administración del panteón, lo que habría concentrado en un mismo grupo funciones relacionadas con el levantamiento de un cuerpo, su identificación, certificación, resguardo y destino final.
La autoridad señaló que esta concentración de funciones es uno de los elementos que actualmente son examinados dentro de la investigación.
El caso dio un giro adicional cuando los investigadores descubrieron que Rodolfo N. utilizó, el 4 de octubre de 2014, el teléfono celular que pertenecía al estudiante Julio César Mondragón Fontes.
Este hallazgo fortaleció los indicios que vinculaban al personal de las funerarias con la investigación por la desaparición de los normalistas y llevó a la Fiscalía a realizar un cateo en la funeraria El Ángel en octubre de 2025.
Durante esa diligencia, las autoridades reportaron una serie de hallazgos considerados relevantes: un resto óseo guardado en un cajón, un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, documentación relacionada con Irving N. y un horno clandestino sin registro oficial.
Pero uno de los descubrimientos que mayor atención generó fue la localización de certificados de defunción, oficios de traslado de cadáveres y autorizaciones de inhumación que ya contaban con firmas y sellos oficiales, pero estaban en blanco.
Para la Fiscalía, la existencia de estos documentos planteaba la posibilidad de incorporar posteriormente información sobre una persona fallecida con apariencia de respaldo oficial. La autoridad explicó que una eventual manipulación habría podido modificar datos sobre la causa de muerte, el traslado o la inhumación de un cuerpo.
La Fiscalía enfatizó que todavía debe determinarse si esos formatos fueron utilizados de manera irregular, en qué casos y quiénes pudieron intervenir. Por ello, el hallazgo constituye un elemento de investigación y no, por sí mismo, una conclusión sobre el destino de los estudiantes.
Como resultado de la diligencia, la funeraria El Ángel, sus dos hornos crematorios, el crematorio clandestino y otros indicios fueron asegurados. Rodolfo N., padre, y Rodolfo N., hijo, fueron detenidos y posteriormente vinculados a proceso, donde enfrentan prisión preventiva.
Los investigadores ampliaron entonces las pesquisas hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.
El 8 de diciembre de 2025 se realizó un segundo cateo, durante el cual, según la Fiscalía, fueron encontrados restos óseos sin registro, cuerpos con carpetas duplicadas y restos con referencias de fechas que se remontaban a 2014.
En la parte posterior del inmueble fue localizado un colchón donde había restos óseos calcinados y piezas dentales. Para los investigadores, estos hallazgos obligaron a revisar la forma en que se recibían, identificaban, documentaban y entregaban los cuerpos en esa institución.
Las autoridades también aseguraron el Servicio Médico Forense y realizaron jornadas de búsqueda en el predio de la funeraria El Ángel y sus alrededores, con participación de representantes de las madres y padres de los normalistas y de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Las labores se prolongaron hasta junio de 2026 y permitieron localizar 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentación. Los indicios fueron sometidos a análisis pericial multidisciplinario y, a petición de las familias, también intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Uno de los resultados más relevantes ocurrió el 26 de marzo de 2026, cuando fueron localizados restos óseos enterrados en la parte trasera del Centro Estatal Médico Forense.
Los estudios periciales establecieron una coincidencia genética con otro fragmento localizado por la Fiscalía el 17 de diciembre de 2021, a 123 kilómetros de distancia, en un camino hacia las antenas de Mezcaltepec, en Taxco.
Este vínculo genético abrió una nueva interrogante dentro del caso: cómo fueron trasladados esos restos y cuál fue su recorrido antes de ser encontrados en sitios distintos.
La Fiscalía señaló que la operación del SEMEFO estaba en manos de la familia Rueda Mazón desde 2010, bajo supervisión del Gobierno de Guerrero, por lo que también se investiga el alcance de la supervisión pública sobre esas instalaciones.
Los investigadores relacionaron estos hallazgos con declaraciones de tres testigos colaboradores —Sonia, Damián y Neto— rendidas entre 2020 y 2025, quienes señalaron que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a funerarias con el propósito de desaparecer evidencias mediante procesos de incineración.
A partir de estos testimonios, los registros telefónicos y los hallazgos realizados en las instalaciones, la FGR informó que se fortaleció la hipótesis de una posible red criminal que habría utilizado funerarias y el servicio médico forense de Iguala como mecanismos para desaparecer evidencias, presuntamente vinculada con integrantes de Guerreros Unidos.
Esta hipótesis permanece bajo investigación y deberá ser acreditada mediante pruebas dentro de los procesos judiciales.
Durante la presentación de los avances, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, sostuvo que el Gobierno de México mantiene como objetivo encontrar a los estudiantes, esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
La dimensión de la investigación se refleja en su volumen: la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la digitalización y sistematización de la información registra un avance cercano al 90 por ciento.
Se trata de aproximadamente cinco millones de fojas distribuidas en tres mil tomos, que ahora son procesados mediante herramientas tecnológicas para cruzar datos que durante años permanecieron dispersos.
En el ámbito judicial, la investigación mantiene 162 expedientes, de los cuales 60 corresponden a averiguaciones previas, 42 a carpetas de investigación y 60 a causas penales. Además, hay 168 personas sujetas a proceso, de las cuales 130 permanecen detenidas en prisión y 38 tienen medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se reportaron nuevas detenciones de ex policías, presuntos integrantes o colaboradores de grupos delictivos, exservidores públicos, empresarios y civiles relacionados con líneas específicas de investigación.
