México, 7 de octubre.- El Senado aprobó por unanimidad de votos una reforma para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la explotación sexual en establecimientos y servicios turísticos, con una medida central: los prestadores deberán aplicar protocolos preventivos y verificar la relación de los adultos que pretendan utilizar sus servicios acompañados de menores de edad.
Durante la discusión del dictamen, legisladoras de distintas fuerzas políticas coincidieron en que México no puede permitir que hoteles, moteles, alojamientos, transportes y otros espacios vinculados al turismo sean utilizados para cometer delitos contra la infancia.
El objetivo es pasar de la reacción posterior al delito a mecanismos de prevención capaces de detectar señales de riesgo antes de que una posible víctima sea agredida.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, advirtió que el crecimiento del turismo también plantea riesgos para la niñez.
Señaló que México recibió casi 48 millones de turistas extranjeros en 2025 y que, de enero a julio de este año, la cifra se acercó a 29 millones.
En contraste, sostuvo que el país enfrenta una problemática grave de explotación sexual infantil y citó estimaciones de entre 17 mil y 20 mil niñas, niños y adolescentes atrapados en redes de explotación.
La reforma establece que los prestadores de servicios turísticos deberán implementar protocolos y acciones preventivas para detectar la posible comisión de delitos contra menores, bajo el principio del interés superior de la niñez.
Además, cuando una persona adulta pretenda acceder a un servicio turístico acompañada de un menor, tendrá que acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela, guarda o custodia correspondiente.
Si no puede demostrar ese vínculo, el prestador deberá negar el servicio y dar aviso a las autoridades, una disposición que busca cerrar espacios que pueden ser aprovechados por redes de trata y explotación.
La senadora panista Laura Esquivel sostuvo que la medida representa un cambio en la prevención del delito, pues un establecimiento no puede identificar a un agresor por su apariencia, pero sí puede verificar quién es el adulto y cuál es su relación con el menor que lo acompaña.
Subrayó que la trata infantil opera mediante omisiones y ausencia de protocolos, por lo que los establecimientos ya no pueden limitarse a ser espectadores.
Desde el PRI, Carolina Viggiano señaló que el problema se presenta en hoteles, rentas vacacionales, transportes y plataformas digitales, donde pueden existir señales de alerta que el personal identifica, pero sin contar hasta ahora con protocolos o respaldo legal suficiente para intervenir.
Con la reforma, dijo, el sector turístico se convierte en una primera línea de protección.
Sin embargo, la legisladora advirtió que la modificación legal no será suficiente por sí sola. Planteó que debe acompañarse de capacitación obligatoria para trabajadores del sector turístico, coordinación entre Procuradurías de Protección y fiscalías, así como recursos presupuestales para atender a víctimas y fortalecer las instituciones encargadas de proteger a la infancia.
También llamó a atender las causas que aumentan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, entre ellas la pobreza, la violencia, la deserción escolar, la migración y la falta de espacios seguros.
A su juicio, la prevención debe comenzar antes de que las redes criminales encuentren a menores en situación de vulnerabilidad.
La senadora Giovanna Bañuelos, recordó que la reforma contempla que cuando una persona adulta pretenda utilizar un servicio turístico acompañada de un menor, deberá acreditar el parentesco, patria potestad, tutela, guarda o custodia correspondiente.
En caso de no comprobarlo, el prestador deberá negar el servicio y dar aviso a las autoridades ante la posible comisión de un delito.
Sostuvo que el sector turístico puede convertirse en una primera línea de protección, al permitir identificar señales de alerta y reportar oportunamente situaciones de riesgo.
Subrayó que la protección de la niñez no debe depender de la voluntad individual, sino de reglas claras y responsabilidades legales.
El decreto se envió a la titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
