México, 20 de octubre.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió las acciones del Gobierno de México para atender la crisis de personas desaparecidas y rechazó, en representación de la postura oficial, la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que advirtió indicios fundados de que este delito podría constituir crímenes de lesa humanidad en el país.
A través de un posicionamiento sobre la participación mexicana ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, la funcionaria informó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, expresó el rechazo del Estado mexicano a las conclusiones del Comité y sostuvo que el país “no consiente ni tolera” las desapariciones forzadas.
Rodríguez destacó las medidas implementadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer las instituciones encargadas de buscar a las personas desaparecidas, mejorar la identificación humana y revisar la información oficial sobre estos casos.
Entre las acciones mencionadas se encuentran el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las fiscalías, la puesta en marcha de un mecanismo de identificación humana y la participación de especialistas nacionales e internacionales para realizar una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Como parte de los resultados de la estrategia gubernamental, la secretaria informó que durante este año han sido localizadas más de 16 mil personas mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata y otras medidas de búsqueda.
La cifra fue presentada por la titular de Gobernación como muestra de las acciones emprendidas por el gobierno federal para atender el problema.
No obstante, el número de personas localizadas no resuelve por sí mismo la dimensión de la crisis ni los señalamientos internacionales sobre la persistencia de las desapariciones forzadas.
La postura de Rosa Icela Rodríguez se dio después de que el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro, presentara ante la Asamblea General un informe en el que advirtió que existen indicios fundados de que en México se cometen desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El representante del organismo explicó que la evaluación considera información proporcionada por el propio Estado mexicano, testimonios de víctimas, aportaciones de organizaciones civiles y antecedentes documentados desde 2012.
El caso llegó a la Asamblea General mediante la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo que permite llevar ante ese órgano situaciones en las que existen indicios fundados de que las desapariciones se practican de manera generalizada o sistemática.
Frente a estos señalamientos, Rodríguez colocó el énfasis en la respuesta institucional de México, las acciones de búsqueda y la coordinación para identificar a las personas desaparecidas.
