México, 29 de octubre.- El consejero electoral Arturo Castillo advirtió que los hechos de presunta corrupción en contratos atribuidos a la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, podrían constituir los delitos de enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, por lo que pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) valore las denuncias correspondientes y determine si existen elementos para iniciar una investigación penal.
Castillo señaló que las acusaciones difundidas en medios de comunicación podrían involucrar conductas delictivas graves y sostuvo que corresponde a las autoridades ministeriales analizar los hechos, reunir pruebas y establecer si se configuran responsabilidades penales.
“Creo que podrían ser dos delitos concretos, enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, que están expresamente identificados, pero esa es una cuestión que tendrán que valorar en su caso, por supuesto, la Fiscalía”, afirmó al ser cuestionado sobre las posibles implicaciones legales de los señalamientos contra Taddei.
El consejero subrayó que espera que la FGR esté tomando en cuenta la información difundida públicamente y que, en su caso, haya comenzado a realizar las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
Las declaraciones colocan bajo escrutinio la gestión de Taddei al frente del organismo electoral, particularmente en lo relacionado con la transparencia administrativa, el manejo de las contrataciones y el acceso de los integrantes del Consejo General a información institucional.
Como parte de las medidas que propuso, Castillo anunció que se impulsará la apertura de un buzón para recibir denuncias anónimas de funcionarios del INE, con el propósito de que puedan informar sobre presuntas irregularidades ocurridas dentro del organismo.
Explicó que este mecanismo permitiría conocer situaciones que, según su señalamiento, no eran visibles para los consejeros durante la presidencia de Taddei.
“También vamos a tomar medidas concretas, uno para abrir, por ejemplo, un buzón que permita la presentación de denuncias anónimas por parte de los funcionarios de este instituto, que nos hagan de nuestro conocimiento todo lo que está pasando, en virtud de que la presidenta Taddei no nos dejaba ver absolutamente nada”, declaró.
La propuesta busca establecer una vía para que los trabajadores del instituto comuniquen posibles anomalías sin tener que identificarse públicamente, aunque su instrumentación y los mecanismos para dar seguimiento a las denuncias deberán definirse institucionalmente.
Una segunda medida anunciada por Castillo consiste en revisar las licitaciones que permanecen activas en el INE, con el objetivo de identificar si existen elementos que justifiquen auditorías o investigaciones más profundas.
El consejero sostuvo que la revisión deberá abarcar los procedimientos de contratación que así lo ameriten y que, si se detectan irregularidades, las consecuencias deben llegar hasta las instancias correspondientes.
“Vamos a hacer una revisión de todas las licitaciones que están actualmente activas, para ver si alguna de ellas o si todas ameritan auditorías y una revisión a fondo, y que las consecuencias lleguen hasta donde tengan que llegar”, afirmó.
La revisión planteada podría abrir un nuevo frente de escrutinio sobre los procedimientos administrativos y contractuales del instituto, aunque Castillo no detalló cuáles licitaciones serían examinadas primero ni presentó en sus declaraciones conclusiones sobre contratos específicos.
El planteamiento contempla, por tanto, una revisión de los expedientes para determinar si existen elementos que ameriten auditorías y, en caso necesario, dar vista a las autoridades competentes.
Castillo también advirtió que algunos de los hechos señalados públicamente podrían tener implicaciones penales y recordó que existen supuestos legales en los que determinados delitos pueden dar lugar a prisión preventiva oficiosa.
Al referirse al artículo 19 de la Constitución, consideró que las autoridades deben analizar si los hechos denunciados encuadran en alguno de los supuestos previstos por la legislación.
“Los hechos que se han acusado en medios de comunicación podrían llegar a constituir delitos, delitos graves que se persiguen de oficio”, sostuvo.
El consejero insistió en que corresponde a la FGR evaluar los hechos y determinar si existen elementos para proceder, mientras que las revisiones internas y las eventuales auditorías permitirían esclarecer si hubo irregularidades administrativas o contractuales durante la gestión señalada.
