México, 4 de noviembre.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo revisión las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE), del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), mediante tres líneas de trabajo que incluyen una investigación de oficio por presuntas irregularidades, un estudio histórico de adquisiciones de 2000 a 2025 y una auditoría integral al organismo nacional y al gasto federalizado destinado a las autoridades electorales estatales.
El organismo fiscalizador informó que estas acciones responden a los resultados de trabajos de inteligencia y al análisis de información solicitada a las entidades federativas, mediante los cuales identificó indicios de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio de recursos públicos relacionados con las instituciones electorales.
El alcance de la revisión destaca por su dimensión temporal y administrativa: la ASF pretende examinar un cuarto de siglo de adquisiciones para detectar posibles patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en las que pudieran estar involucrados grupos empresariales o servidores públicos.
La primera línea consiste en una investigación de oficio sobre diversas irregularidades detectadas en las contrataciones públicas de todos los OPLE, así como del INE y del entonces IFE.
Esto permitirá indagar posibles anomalías en los procedimientos mediante los cuales las autoridades electorales contrataron bienes y servicios y ejercieron recursos públicos.
La segunda vertiente contempla un estudio histórico de las adquisiciones realizadas por el IFE, el INE y la totalidad de los organismos electorales locales entre 2000 y 2025.
El propósito es reconstruir la evolución de las contrataciones e identificar si existieron esquemas recurrentes de adjudicación, concentración de contratos en determinados proveedores o mecanismos utilizados para favorecer a empresas.
Este análisis también buscará establecer si hubo prácticas ilegales en el manejo de los recursos públicos y determinar la posible participación de grupos empresariales y servidores públicos en esas operaciones.
La tercera línea de trabajo será una auditoría integral al INE, además de una revisión de la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLE. Con ello, la fiscalización abarcará tanto los recursos administrados por la autoridad electoral nacional como los fondos federales transferidos a los organismos locales.
La ASF sostuvo que los hallazgos derivados de sus trabajos de inteligencia y de la información recabada en las entidades federativas advierten la existencia de múltiples irregularidades históricas, por lo que decidió desarrollar estas acciones de fiscalización e investigación.
La Auditoría Superior precisó que las investigaciones y auditorías se realizan dentro del ámbito de sus atribuciones, con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.
