Senado analiza nueva Constitución de Oaxaca; especialistas proponen incorporar IA, cambio climático y derechos digitales

México, 17 de noviembre.- La discusión sobre una nueva Constitución para Oaxaca abrió en el Senado un debate que busca actualizar el pacto social de la entidad, reconocer la diversidad de sus pueblos indígenas y afromexicanos y establecer nuevas garantías en materia de justicia, autonomía, igualdad y servicios públicos. 

Durante el foro Innovación e Interculturalidad en la Nueva Constitución de Oaxaca, legisladores y especialistas también plantearon incorporar a la legislación secundaria temas emergentes como la inteligencia artificial, el extractivismo digital, la muerte digna y el cambio climático.

El encuentro fue convocado por el senador de Morena Antonino Morales Toledo, quien anunció que desde la Cámara alta se acompañará el proceso de deliberación de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, con el propósito de que las observaciones de especialistas y representantes populares sean consideradas por quienes tienen la responsabilidad de elaborar el nuevo ordenamiento.

Morales sostuvo que la diversidad cultural de Oaxaca exige un marco constitucional que reconozca las distintas lenguas, autoridades, formas de organización y mecanismos comunitarios para resolver conflictos.

“En Oaxaca convivimos pueblos con lenguas, autoridades y formas distintas de resolver los asuntos de la comunidad”, señaló al explicar que el Senado participará en el intercambio de propuestas y reflexiones sobre el proyecto.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas y las particularidades culturales de los pueblos originarios y afromexicanos, así como la creación de una Sala de Justicia Indígena que contribuya a garantizar su autonomía y el respeto a sus formas propias de organización y resolución de controversias.

Durante el foro también se discutió la incorporación de la interculturalidad como principio para transformar la actuación de los poderes públicos, la prestación de servicios y el acceso a derechos sociales, incluida la atención médica con pertinencia cultural.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, Tania Caballero, explicó que la propuesta parte del reconocimiento de que todas las culturas tienen el mismo valor, lo que obliga a revisar la manera en que las instituciones toman decisiones y atienden las necesidades de la población.

Señaló que el proceso deberá desarrollarse mediante la deliberación comunitaria, respetando las formas de organización de cada localidad. 

Añadió que la etapa consultiva permitirá recibir opiniones y observaciones para enriquecer el proyecto constitucional.

La diputada Deniss García, presidenta de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, llamó a incorporar una perspectiva de igualdad sustantiva que garantice la participación efectiva de las mujeres indígenas y afromexicanas en las decisiones de sus comunidades.

Advirtió que el reconocimiento de sus derechos debe traducirse en condiciones reales para que puedan participar en las asambleas, tomar la palabra, intervenir en las decisiones colectivas y formar parte de los procesos de desarrollo, sin quedar excluidas de los espacios de representación comunitaria.

Por su parte, Elisa Zepeda, presidenta de la Comisión Permanente de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, informó que se realizaron 25 foros regionales para recoger las opiniones, formas de convivencia y planteamientos de los pueblos originarios, con la intención de que sus particularidades queden reflejadas en el nuevo texto constitucional.

El diputado Isaac López, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, planteó que la discusión debe responder a problemas concretos de la población, particularmente en torno a las responsabilidades de las autoridades para garantizar servicios públicos y asegurar que las comunidades sean tomadas en cuenta en las decisiones administrativas y legislativas.

En tanto, Benjamín Viveros, presidente de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, destacó que la discusión ocurre después de aproximadamente un siglo de vigencia del actual ordenamiento, al que se le han incorporado alrededor de 850 reformas, situación que, sostuvo, ha complicado su interpretación.

El legislador afirmó que el Congreso estatal cumplirá con los tiempos establecidos para desarrollar este ejercicio, al que calificó como inédito e histórico para la entidad.

Uno de los planteamientos que surgieron durante el encuentro fue ampliar la discusión constitucional hacia los desafíos tecnológicos, ambientales y sociales que enfrenta la entidad.

Los juristas Raúl Ávila Ortiz, Mario Alfredo Hernández Sánchez, Armando Hernández Cruz, Juan Carlos Silva Adaya, Socorro Apreza Salgado y Jorge Reyes Negrete participaron en el análisis de la propuesta y señalaron la necesidad de revisar, en el desarrollo de la legislación secundaria, la incorporación de asuntos como la inteligencia artificial, el extractivismo digital, la muerte digna, el cambio climático y la infraestructura o arquitectura digital comunitaria.

Estas propuestas buscan que la actualización del marco jurídico no se limite al reconocimiento de derechos históricos, sino que también contemple herramientas para atender nuevas problemáticas y garantizar que las comunidades tengan acceso a los beneficios del desarrollo tecnológico.

La iniciativa de Salomón Jara fue presentada ante el Congreso de Oaxaca en septiembre pasado. El proyecto plantea una reforma integral para sustituir el ordenamiento vigente por un texto de 81 artículos, frente a los 142 que contempla la propuesta actualizada del gobierno estatal según su presentación pública, con una reorganización de sus títulos y disposiciones.

El proceso legislativo contempla la deliberación y consulta con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que las opiniones recogidas deberán incorporarse al análisis que realizarán las comisiones del Congreso local antes de elaborar el dictamen correspondiente.