México 18 de octubre de 2017.- El Poder Judicial de la Federación notificó a la Secretaría de la Función (SFP) que por ahora, no podrá emitir las sanciones administrativas que tenía listas contra la empresa brasileña Odebrecht y sus filiales en México, porque ganó una suspensión definitiva para tal propósito.
La Secretaría de la Función Pública tenía listas 3 resoluciones sancionatorias en materia administrativas contra este consorcio sudamericano, que la inhabilitaba hasta por 7 años, por la firma de contratos con dependencias del Gobierno Federal, en esta y en la pasada administración.
Este martes, la Secretaría de la Función Pública fue notificada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, la suspensión definitiva que concedió a Odebrecht y sus asociados en México, así como a los representantes legales de la empresa.
El amparo impide que la Función Pública emita las sanciones administrativas contra la empresa brasileña, independientemente de la vía penal que dejó lista el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade.
La resolución del Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, dejó en firme la resolución del amparo promovido por Odebrecht 1333/2017, que previamente había otorgado el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa.
El amparo en cuestión se promovió por la determinación de la Función Pública de rechazar los alegatos y recursos, que fueron presentados de forma extemporánea por Odebrecht, como parte de su defensa para evitar una sanción.
Autoridades de la Función Pública lamentaron esta resolución del Poder Judicial de la Federación, que sienta un mal precedente al impedir que México fuera el primer país en sancionar directamente a la empresa.
La Función Pública abrió 8 procedimientos, 4 con Odebrecht, 2 contra sus representantes legales y 2 más contra servidores públicos, de los cuales 5 están abiertos y 3 ya concluyeron con la resolución correspondiente.
Se tienen detectados daños al erario público por pagos en exceso o sobreprecios, en la ejecución de los contratos por al menos 119 millones de pesos.
A la Secretaría de la Función Pública le llevó 9 meses integrar las investigaciones y concluir estos procedimientos sancionatorios.
Pero, llama la atención que uno de los magistrados del Cuarto Tribunal que concedió la suspensión definitiva, está de licencia médica hasta el 24 de octubre y cuando se emitió el fallo sólo estaban el secretario de Acuerdos y el proyectista.
La resolución judicial sólo retrasará la sanción a la empresa. Aunque, el caso podría ser desahogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
