México, 6 de noviembre de 2017.- Los exgobernadores de Coahuila, Humberto Moreira Valdés y de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán y el actual mandatario coahuilense, Rubén Moreira Valdés, habrían recibido sobornos por más de 12 millones de dólares, para permitirle al Cártel de “Los Zetas” operar libremente en esos estados.
Así lo revela un estudio de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin, titulado “Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila”.
Su autor, Ariel E. Dulitzky, acudió al Senado a presentar el documento que da cuenta de los testimonios en juicios contra integrantes de “Los Zetas” en las cortes federales de San Antonio, Austin y Del Río, en Texas.
Dulitzky resumió las principales conclusiones del estudio, entre las que destacan las siguientes:
- “Los Zetas” cometieron graves abusos a los derechos humanos en Coahuila.
- Los abusos se dieron debido a la acción u omisión de las autoridades del estado.
Resaltó que entre “Los Zetas” y las autoridades de Coahuila, incluidos el exgobernador Humberto Moreira y su sucesor, Rubén Moreira, hubo “grandes lazos”, que comprendían, incluso, el pago de sobornos. Práctica que también habría alcanzado al ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien habría recibido 12 millones de dólares para financiar su campaña política.
“Ha habido pago de sobornos, según los testigos. Los testigos mencionan desde el gobernador, hasta instituciones estatales. Los testigos mencionan control absoluto sobre el Cereso en Piedras Negras. Los testigos mencionan que en algunos lugares, las autoridades policiales trabajaban, directamente, con Los Zetas. (…) Los testigos mencionaron tanto a Humberto Moreira, como a Rubén Moreira. (…) Se mencionó montos, por lo menos, dos pagos de 2 millones de dólares. (…) Se mencionó al gobernador Duarte, algunos de los testigos mencionaron al gobernador Duarte, que también habría recibido sobornos (…) de Veracruz”.
“Los Zetas” según el estudio también tenían el control de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, para que no se investigaran sus delitos, o en su caso, se redujeran las sentencias si eran condenados.
Según el análisis, una situación similar se registró en Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Nuevo León.
