México, 6 de diciembre de 2017.- El general Alejandro Ramos Flores, director jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, defendió ante representantes de organismos internacionales, como la ONU, colectivos de la sociedad civil y senadores, la Ley de Seguridad Interior.
Este miércoles, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa, Marina y Estudios Legislativos Segunda, además de la Derechos Humanos, abrieron el diálogo para que los actores interesados en esta norma, opinaran sobre su contenido.
Alejandro Ramos, precisó que esta ley no es para las Fuerzas Armadas, porque la seguridad interior no es una responsabilidad del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, sino una responsabilidad del Estado mexicano, que involucra a los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes de la Unión.
Dio su respaldo a la minuta que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada, porque mantiene el enfoque de que es el Estado mexicano el encargado de prevenir y enfrentar las amenazas y los riesgos que puedan presentarse.
“Nadie pone en duda que es necesario fortalecer las instituciones de seguridad pública. El punto de partida de que la seguridad pública no debería de ser o estar a cargo de las Fuerzas Armadas o de los militares, es un punto de partido falso. Nadie ha dicho que deban de estarlo. Nosotros es más expresamente, hemos señalado que no deberíamos de estar en esa tarea”.
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó que la decisión del gobierno anterior y del actual de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles, es una de las principales causas directas e indirectas de la actual crisis de derechos humanos en el país.
“Que esta decisión es y ha sido equivocada. Tal vez entendible, pero, sin duda, equivocada. Que es una tarea que no corresponde a las Fuerzas Armadas, no están capacitadas para este rol y la lógica militar no debería aplicarse en el combate a la delincuencia”.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, reconoció que las Fuerzas Armadas requieren de una propuesta jurídica, para continuar desarrollando tareas subsidiarias de seguridad pública. Pero, acompañada de un modelo homologado de policía en todo el país.
