México, 7 de diciembre de 2017.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), chocaron por la transparencia de la Ley de Seguridad Interior.
Francisco Acuña Llamas, comisionado-presidente del Inai, declaró que el artículo 9 de la legislación, redactado en el sentido de que la información que se genere con motivo de la aplicación de esta legislación, será considerada de Seguridad Nacional y clasificada de conformidad con la ley en la materia, contraviene el principio de máxima publicidad.
En reunión de trabajo con las comisiones unidas de Gobernación, Defensa, Marina, Estudios Legislativos Segunda y Derechos Humanos del Senado, para analizar el contenido de la norma, el titular del Inai recordó que este principio establece que por regla general, toda información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño.
“En la idea de que pudiera suscitar una impresión que todo en extenso, la información que se motivará con motivo de la aplicación, toda podría tener una desembocadura en la reserva. Esa es realmente la interpretación, vamos a decir, de preocupación que generó”.
El general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó que la ley no inventa, no cambia ni trastoca el régimen de transparencia actual.
“Yo creo que la redacción actual de la ley cuando remite, precisamente, a las disposiciones en materia de transparencia -pues ahora ya son varias leyes de transparencia-, entonces a todas las que sean aplicables, así tendrá que hacerse. (…) Que la información que se genera en materia de seguridad interior se sujeta a la Ley de Seguridad Nacional, ya aprobada y vigente y a las leyes en materia de transparencia, también ya aprobadas y vigentes. No modifica en nada el régimen actual de la información pública-gubernamental”.
Los senadores también discreparon de si la ley atiende o no el principio de máxima publicidad.
